El pacto es con los 47 millones de españoles

Un año y medio después del inicio de la legislatura, los socialistas intentan restar legitimidad a un gobierno que tiene el apoyo de la mayoría absoluta

La dirección del PSOE movió ayer ficha con una oferta de pactos al Gobierno. La echó a andar el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al pedir «diálogo» al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con cuatro objetivos: un pacto por el empleo, una apuesta clara por la modernización de la economía, un pacto por la consolidación fiscal y una estrategia nacional contra la exclusión social. A esta bandera del «diálogo» se agarraron también el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba –después de haber animado a los españoles a echarse a la calle contra la reforma de la Ley del Aborto–, y Carme Chacón.

En el PP interpretan que la invocación del acuerdo es una estrategia para distraer la atención de la situación interna y de los problemas de liderazgo del PSOE. De hecho, en esta Legislatura los socialistas han tenido «muchas oportunidades» de negociar y sumarse a iniciativas impulsadas por el Gobierno. Pero se han desmarcado de más de diez grandes reformas: la local, el Pacto por la Transparencia, las medidas contra los desahucios, las preferentes, la reforma laboral, el Pacto por la Sanidad, la reforma educativa, el pacto por la cultura o la negociación de la reforma de pensiones en el Pacto de Toledo. También rechazaron la estabilidad presupuestaria y el pacto por el empleo que Gobierno y agentes sociales sellaron en La Moncloa el pasado 12 de marzo.

El acuerdo más sonoro, prácticamente el único, ha sido el que firmaron en junio de 2012 para repartirse los cargos en los órganos constitucionales, en concreto en el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral o Defensor del Pueblo. El PSOE también ha apoyado una resolución parlamentaria en la que se defiende la unión económica y monetaria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestó ayer a la nueva oferta de pacto del PSOE con mucho escepticismo. Rajoy sostiene que mantiene la mano tendida para llegar a acuerdos con los socialistas y con las demás fuerzas de la oposición, pero no ve signos que le lleven a confiar en la posibilidad de llegar a entendimientos con Ferraz, porque, a su juicio, no quieren compartir el coste de las decisiones difíciles e impopulares que exige el momento. Ahora bien, también advirtió de que si los demás no quieren apoyar sus políticas, el Gobierno continuará gobernando y apoyándose en su mayoría absoluta para sacar adelante sus medidas.

Ésa es su responsabilidad y es el mandato que ha recibido de las urnas, según destacó. Para dar consistencia a sus recelos, Rajoy echó en cara a Rubalcaba su voto en contra de las reformas estructurales aprobadas en esta Legislatura, entre ellas, la laboral o el último paquete de medidas contra los desahucios.

«Estoy a disposición de quien quiera hablar», manifestó Rajoy, sin entrar en más concreciones ni «mojarse» en relación a una posible entrevista con el líder del PSOE. Eso sí, los dos mantienen puntuales conversaciones privadas.

«Quiero acuerdos. Y ya me gustaría que los hubiera. Pero también soy consciente de que el Gobierno tiene una responsabilidad y tiene que asumir un coste por ejercerla», puntualizó. El Ejecutivo entiende que detrás de la última oferta de pacto por parte del PSOE hay una estrategia de partido dirigida a alejar la atención mediática y social de su crisis interna. «Es muy fácil decir en público que se quiere el acuerdo, pero lo difícil es llevar las reformas al Parlamento», sentenció el presidente. Al respecto, señaló que la negociación sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones es una oportunidad para que el PSOE demuestre si va en serio en su oferta de pacto y de consenso. «Mi mano, en cualquier caso, siempre estará tendida», dijo, durante la clausura de un acto del Instituto de Empresa Familiar.

En concreto, entre las reformas rechazadas por los socialistas, la reforma local topó con la oposición de Gaspar Zarrías. El propio Javier Arenas consideraba «imprescindible» alcanzar un gran pacto de Estado para lograr una buena reforma de la Administración local algo para lo que también será necesario el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincidas (FEMP). A mediados de febrero, el secretario de política municipal del PSOE, apuntó su oposición a la reforma por las diferencias en cuanto al modelo y a la reforma de los ayuntamientos. Tras la ruptura de las negociaciones, el Gobierno se mostró dispuesto a sacarla adelante con o sin el apoyo de los socialistas.

Tampoco el Gobierno logró consensuar con el principal partido de la oposición la ley de transparencia. El Presidente del Gobierno anunció el pasado 29 de febrero de 2013 durante el Debate del Estado de la Nación un Pacto en esta materia y contra la corrupción, que se materializó con el acuerdo de Propuesta de Resolución de todos los grupos parlamentarios, eso sí, a excepción de PSOE e IU que se abstuvieron.

Para la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el PSOE en un principio accedió a negociar con el Ejecutivo para alcanzar una reforma consensuada, pero el 9 de abril presentó una enmienda a la totalidad del Proyecto de reforma de la LOPJ. En esta ocasión, los socialistas consideraban que la reforma del Gobierno constituye un desapoderamiento de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en favor del Poder. También se opone al sistema de renovación del CGPJ que prevé el proyecto de ley.

En materia de desahucios, el PSOE no ha apoyado ninguno de los dos reales decretos presentados por el Gobierno. Ni el 6/2012 que paralizaba los desahucios ni el 27/ 2012, tramitado como Proyecto de Ley y con la incorporación de la Iniciativa Legislativa Popular. Los socialistas sólo presentaron una Proposición de ley y una Proposición no de ley en esta materia.

La reforma laboral también se topó con la negativa del partido que lidera Pérez Rubalcaba. Aunque dicha reforma fue aprobada por Real Decreto Ley, fue tramitada como proyecto de Ley ya que el Ejecutivo trataba de aunar el mayor consenso posible con los grupos parlamentarios. De nuevo se encontró con la oposición de los socialistas que siguen pidiendo su derogación.

Los «noes»

1- Pacto para la reforma local. El PSOE se sentó a negociar y después de meses, en febrero, anunció su oposición global a la medida.

2- Transparencia. La propuesta del Gobierno de febrero fue apoyada por todos los grupos, a excepción del PSOE e IU, que se abstuvieron.

3- Desahucios. Pese a no haber adoptado ninguna medida en su etapa de mandato, no han avalado ninguno de los dos Reales Decretos.

4- Preferentes. Es también un problema heredado de la etapa socialista. Y el PSOE ha rechazado todas las propuestas en esta materia.

5- Estabilidad. Nada más llegar a la oposición, Rubalcaba se desmarcó de la reforma «in extremis» impulsada por Zapatero por la presión de Bruselas.

6- Pacto por el empleo. Rajoy unió en marzo a sindicatos y patronal por el empleo. Los socialistas no quisieron estar en esa foto en La Moncloa.

7- Educación. Se han abierto negociaciones, pero el principal partido de la oposición tampoco se ha sumado a ningún acuerdo.

8- Cultura. En febrero de 2012, el ministro de Educación ofreció en el Congreso diálogo a los demás grupos. No se ha llegado a ningún pacto.

9- Sanidad. La negociación sectorial, con participación de las comunidades, no ha permitido acercar tampoco posiciones.

10- Pensiones. El diálogo en el Pacto de Toledo sobre el factor de sostenibilidad tiene pocas posibilidades de prosperar.