El PP acusa a Griñán de conceder ayudas irregulares tras el fraude de los ERE

sevilla- Es innegable. El polvorín de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos copa la actualidad en Andalucía. Otra prueba de ello, la sesión de control al Gobierno autonómico en el Parlamento de ayer. El líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, preguntó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, si «se había saltado» la Orden de 1 de abril de 2011, que su Ejecutivo «se vio obligado» a articular, dado «el escándalo político, mediático y judicial» provocado por la causa que instruye la juez Mercedes Alaya. En el texto introductorio de esa norma –firmada por el entonces consejero de Empleo, Manuel Recio– la Junta admite que, «conscientes de la necesidad de dar un mayor rigor a los procedimientos de otorgamiento» de las ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por reestructuración de empresas, pretende en las nuevas bases «asumir las advertencias de los órganos de control interno de esta Administración seguidas hasta la fecha en materia de transferencias de financiación y previstas en las leyes de Presupuestos». O sea, buscaban evitar que se repitiera lo sucedido con el «fondo de reptiles» –partida 31L–.

«Después de dictar esa Orden», interrogó Zoido en el Plenario, «¿me podría asegurar que su Gobierno no ha otorgado ayudas excepcionales?». Griñán no contestó y el popular mostró unos documentos para aseverar que sí lo había hecho. Según Zoido, al menos dos ayudas se habrían otorgado prescidiendo de lo estipulado en la norma de 2011. «Se le han concedido a Primayor unas ayudas. Fue –Juan– Lanzas otra vez el mediador», espetó, en alusión al ex sindicalista de UGT considerado «conseguidor» de los ERE e ingresado en la cárcel Sevilla-I tras atribuirle la juez un enriquecimiento supuestamente ilícito de más de 13 millones.

La ayuda a la que se refería el presidente del PP-A apareció publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en marzo de 2012. Su cuantía asciende a 84.256,80 euros, la partida presupuestaria que la sustenta la 31L.4 y uno de los beneficiarios es Luis García Reyes. ¿Por qué es importante ese nombre? Como apuntó Zoido, es «muy amigo de Lanzas y su sucesor en el cargo en UGT Jaén». Cabe recordar, además, que su mujer, María José Martínez Elvira, es una de las «intrusas» en el ERE de Hitemasa y, según los populares, «una activa militante socialista en Torredonjimeno». De hecho, perteneció a la Ejecutiva del PSOE de ese municipio jiennense hasta 2003.

El propio ex ugetista está ligado a dicha empresa malagueña. Tanto él como su esposa se prejubilaron en ella sin haber trabajado nunca en la misma, al igual que Martínez Elvira. Lanzas intervino también en el ERE de Primayor, que absorbió a antiguos empleados de la jiennense Cárnicas Molinas. Negoció con el ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, quien llegó a afirmar que «si había que hablar con el diablo, se hablaba» para que «la familia de los ex trabajadores de Primayor pudieran encontrar un puesto de trabajo». «Son los mismos», dijo Zoido, quien aludió, por último, a otra ayuda de más de cinco millones de euros concedida a Astilleros de Huelva a cargo de la 31L, publicada en el BOJA del 28 de noviembre de 2011.

Tras su exposición, preguntó a Girñán si anulará esos fondos, como todos los ligados a los ERE, pese a haberse otorgado «después de haber modificado el procedimiento para que fuera más transparente», ironizó.