El Gobierno impugnará las leyes soberanistas antes de llegar a la Mesa

Quiere bloquear las iniciativas en el Parlament y pedirá a la Fiscalía investigar si hay delito

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dejó claro desde el mismo momento en que el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara que impulsará la declaración rupturista del 9-N –anulada por el Tribunal Constitucional– que no permanecería impasible ante los nuevos desafíos al orden constitucional. Así, según ha podido saber LA RAZÓN desde fuentes próximas al Ejecutivo, la intención es atajar de raíz cualquier acto que pueda suponer vulnerar la anulación decretada por el Alto Tribunal Constitucional el pasado mes de diciembre.

En concreto, el Gobierno prevé actuar en una doble vía, en el mismo momento en que el Ejecutivo catalán apruebe un proyecto sobre una materia que se pueda encuadrar entre las anuladas por el TC por dirigirse a la «desconexión» de Cataluña respecto a España, antes de que el mismo se remita a la Mesa del Parlament para que lo incluya en un orden del día para su posterior debate, y más que previsible aprobación, por la Cámara catalana.

Por un lado, instará de inmediato a la Abogacía del Estado a impugnar ese proyecto, o cualquier otra forma que adopte, ante el Alto Tribunal, lo que originará de inmediato su suspensión; y, por otro lado, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado por si entiende que sus autores, comenzando por Puigdemont, han podido incurrir en un delito de desobediencia. Si así lo entendiese el Ministerio Público, interpondría la correspondiente querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Donde, en cambio, existen más dudas es si el Tribunal Constitucional puede ejercer las facultades que le otorga la ley orgánica que rige su funcionamiento, la cual, tras la última reforma, les permite adoptar todas las medidas para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. Entre esas potestades se encuentra incluso la posibilidad de suspender a los cargos públicos, ya sea de oficio o a instancia de parte, en concreto de la Abogacía del Estado, que desobedezcan sus decisiones.

Al respecto, algunos juristas entienden que la mera aprobación de un proyecto que venga a avalar la «desconexión» ya sería suficiente para que el TC pudiese hacer uso de esas facultades. En cambio, fuentes jurídicas cercanas al TC entienden que no se podría actuar hasta el momento en que se produzca una resolución formal por parte del Parlament catalán.

En este sentido, recuerdan que una cuestión similar fue ya resuelta el pasado 5 de noviembre, cuando el Pleno del TC rechazó por unanimidad suspender la tramitación de la propuesta en la que se instaba a comenzar la «desconexión» catalana. En esa decisión, destacaba que uno de los fundamentos del sistema democrático es el Parlamento, «la sede natural del debate político», y que el eventual resultado del debate parlamentario «es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate».

Por ello, añadía al respecto, el «riesgo» de que se pueda aprobar una resolución contraria a la propia Constitución «no debe llevar a distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución para ejercer sus competencias».

Por ello, se considera desde ese ámbito que el TC no actuará hasta que no haya una resolución aprobada por el Parlament que suponga una clara vulneración de su resolución.

Catalá pide un Gobierno fuerte

Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó el hecho de que el nuevo president haya comenzado con su mandato con una actitud de «desobediencia, de momento oral», a la citada sentencia del TC, y de no reconocimiento de la propia Constitución ni de principios esenciales de la misma, como pueden ser la unidad o la soberanía nacional.

Ante esa actitud, el titular de Justicia incidió, en declaraciones a este periódico, en que es necesario que España cuente con un Gobierno fuerte y de amplio apoyo parlamentario de las fuerzas que defienden los «elementos constitucionales», y dejar a un lado el «debate» de aspectos menos relevantes en un momento como el que se vive.