El precedente de Atutxa que inquieta al TS

Con el cambio de fiscal general, la Fiscalía pasó de querellarse por desobediencia contra él a pedir su absolución.

La posibilidad de que el relevo en la Fiscalía General suponga un cambio de rumbo en la actuación del Ministerio Público en la causa que instruye el juez Pablo Llarena contra los principales responsables del «procés» no parece alterar los biorritmos procesales en el Tribunal Supremo (TS). Fuentes del Alto Tribunal consultadas por este periódico prefieren no hacer elucubraciones sobre un hipotético viraje del Ministerio Público en la acusación por rebelión que ha defendido hasta ahora con uñas y dientes o en su rechazo a la libertad de los ex consellers fugados. «Estamos al margen de chascarrillos», aseguran marcando distancias. Pero, a continuación, se curan en salud y recuerdan precedentes en los que «pese a la unidad de actuación del Ministerio Fiscal que establece el artículo 124 de la Constitución, lo que un día era “A” ha sido después “Z”».

Y recuerdan, como exponente de ese golpe de timón, el «caso Atutxa», donde el cambio de fiscal general vino acompañado de un cambio de criterio en la actuación de la acusación pública. Y es que pasó de querellarse en 2003 por desobediencia –con Jesús Cardenal al frente– contra el entonces presidente del Parlamento vasco por negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), heredero de Batasuna, a pedir su absolución ya con Cándido Conde-Pumpido como fiscal general.

Ese precedente planea ahora, inevitablemente, sobre la causa abierta contra los líderes del proceso independentista en Cataluña en el Tribunal Supremo, donde en todo caso recuerdan que la presencia de VOX como acusación popular permitiría amortiguar un cambio de criterio de la Fiscalía en este procedimiento. Y es que aunque desde la Fiscalía General –que hasta el momento, con la excepción del respaldo a la libertad del ex conseller Forn por «motivos humanitarios», siempre ha respetado el criterio de los fiscales adscritos al caso– se impartiesen instrucciones para rebajar las acusaciones, VOX no tiene ninguna intención de suavizarlas o de apoyar la libertad de los independentistas presos. De ahí que, en todo caso, el tribunal no estaría condicionado a la hora de imponer unas hipotéticas condenas por los delitos y las penas solicitadas finalmente por la Fiscalía.

Tras querellarse contra Atutxa y los integrantes de la Mesa del Parlamento vasco Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por no acatar la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, la Fiscalía optó por no recurrir el archivo de la causa acordado por el TSJ del País Vasco en diciembre de 2004 al no advertir en su actuación «los elementos típicos del delito de desobediencia objeto de la querella».

Pero la presencia como acusación popular de Manos Limpias impidió que el proceso quedase varado y finalmente, tras no pocas vicisitudes procesales, el Tribunal Supremo condenó a un año y medio de inhabilitación a Atutxa por desobediencia. En la vista, la Fiscalía pidió su absolución al no apreciar en su negativa a disolver al grupo abertzale ni «rebeldía» ni una «pertinaz postura de pasividad» respecto a la orden del Tribunal Supremo, como exige el tipo penal.