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El presidente de Sortu será juzgado el 9 de mayo por intentar reconstruir Batasuna

El presidente de Sortu y portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz (i)
El presidente de Sortu y portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz (i)larazon

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, será juzgado el próximo 9 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su supuesta participación en el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna "a instancias de ETA".

Harraiz fue uno de los 40 miembros de la Mesa Nacional clandestina de la ilegalizada Batasuna que fueron detenidos en octubre de 2007 en la localidad guipuzcoana de Segura cuando intentaban recomponer la dirección de dicha formación, han explicado a EFE fuentes jurídicas.

La causa fue iniciada en la Audiencia Nacional pero, al ser Arraiz parlamentario vasco y gozar de aforamiento, su procedimiento se desgajó del resto y pasó al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, competente para juzgar a los aforados vascos.

Por ello, Arraiz será juzgado en mayo por "integración en organización terrorista" por la Sala de lo civil y Penal del TSJPV presidida por su presidente, Juan Luis Ibarra, a quien acompañarán los magistrados Nekane Bolado y Roberto Saiz.

El Fiscal Superior del País Vasco solicita para el procesado seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la plataforma Dignidad y Justicia ejercen la acusación popular en este caso y piden una condena de 10 años de cárcel.

El resto de acusados en este mismo caso alcanzaron un acuerdo el pasado mes de enero con el ministerio público y estas dos asociaciones de víctimas por el cual aceptaban que se les impusieran penas que oscilan entre los dos años y el año y medio de cárcel, por lo que no tenían que ingresar en prisión, a cambio de admitir los hechos que se les imputaban.

Este acuerdo supuso una sustanciosa rebaja de las penas solicitadas por la fiscalía que, en su escrito provisional de acusación pedía penas de entre 7 y 10 años de cárcel para cada procesado.

Las fuentes jurídicas han señalado que cabe la posibilidad de que el abogado del procesado, el histórico letrado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin, solicite que se le aplique a su patrocinado el mismo acuerdo alcanzado para el resto de los imputados.