El presunto autor de la grabación a la Infanta, en libertad e imputado

El abogado Francisco José Carvajal ha quedado en libertad provisional imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos, tras prestar declaración durante tres horas como sospechoso de haber grabado imágenes de la comparecencia judicial de la Infanta Cristina.

El abogado Francisco José Carvajal ha quedado en libertad provisional, imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos, tras prestar hoy declaración durante tres horas como sospechoso de haber grabado imágenes de la comparecencia judicial de la infanta Cristina el 8 de febrero.

Carvajal ha declarado como detenido durante una hora en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares, y posteriormente ha sido conducido a los juzgados en un coche policial y puesto a disposición del juez de Instrucción número 11 de Palma, Manuel Penalva, que instruye la investigación sobre la grabación oculta y ante quien ha comparecido durante otras dos horas.

El letrado no ha hecho declaraciones al salir de los juzgados sobre las 16.00 horas, tras quedar en libertad provisional.

Carvajal fue uno de los alrededor de 30 abogados que presenciaron la declaración de la infanta Cristina ante el juez que instruye el caso Nóos, José Castro el pasado 8 de febrero.

Asistió a la misma en sustitución de otro abogado, Javier Saavedra, defensor de uno de los imputados en esta causa, el presunto testaferro Robert Cockx.

Saavedra solicitó al juez que autorizase la asistencia de dos "compañeros codefensores", Carvajal y María del Carmen Jiménez, porque el día de la declaración iba a estar fuera de España.

La declaración de Carvajal como imputado forma parte de la investigación que inició la Policía al día siguiente de la comparecencia judicial de la infanta Cristina, tras la publicación de una fotografía y un vídeo del interior de la sala mientras prestaba declaración.

El juez del caso Nóos había prohibido expresamente mediante un auto cualquier tipo de grabación de la declaración de la infanta Cristina, así como el acceso a la sala de vistas de cualquier dispositivo que permitiera la toma de imágenes de la imputada.

Para ello, estableció la obligación de que todas las personas que accedieron a la sala, unas cuarenta entre abogados defensores, fiscales, representantes de la acusación y funcionarios, depositaran bajo custodia policial antes de entrar sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo que pudiera grabar imagen o sonido.

Para prevenir una posible filtración, el juez había accedido además a la solicitud de la defensa de la infanta de que la declaración sólo se grabara en audio para su posterior transcripción, pero no en vídeo como se había hecho en ocasiones precedentes.

Tras publicarse una fotografía y un vídeo de la declaración, el juez ordenó una investigación y días después la Policía denunció la grabación ante el juzgado de guardia y solicitó varias diligencias.

Los agentes tomaron declaración a varios funcionarios y letrados que asistieron a la comparecencia de la infanta y requirieron además a la empresa Wouzee, propietaria de la plataforma donde se colgó la grabación, que aportara los datos que tuviera de quién subió el vídeo a internet, información que ha sido analizada.

La Policía analizó el vídeo y elaboró un croquis detallado de la sala donde se produjo la declaración judicial, con la ubicación que ocupaba cada una de las alrededor de cuarenta personas que asistieron a ella, a partir del interrogatorio realizado a los abogados y funcionarios sobre el lugar que ocupaban.

El pasado lunes citaron a Carvajal para que acudiera hoy a comisaria a prestar declaración como imputado.