El PSOE se suma al debate en comisión de la Ley de Transparencia

Se acabó el plante. Una cosa es el debate en la ponencia y otra en el órgano que debe aprobar el texto antes de remitirlo al pleno del Congreso y después al Senado. El PSOE se incorporará hoy a la Comisión Constitucional que aprobará la demandada Ley de Transparencia, después de que el pasado 10 de julio se ausentara del primer encuentro de la ponencia donde se empezaron a negociar las enmiendas, como consecuencia de la negativa del presidente Mariano Rajoy a dar explicaciones en el Congreso sobre el "caso Bárcenas". IU-ICV-CHA y el Grupo Mixto siguieron su ejemplo.

El abandono de todas estas formaciones provocó también que ni CiU ni PNV participaran en los dos primeros encuentros de la ponencia, ya que, en su opinión, una ley de tanta importancia no podía negociarse adecuadamente en ausencia de tres grupos, entre ellos el primer partido de la oposición. Pero nacionalistas catalanes y vascos sí participaron en parte de la tercera reunión de y se pusieron al día de las enmiendas que habían introducido en la ley el PP y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), él único partido de la oposición que estuvo en todos los debates celebrados hasta la fecha.

La cuarta reunión de la ponencia, celebrada el pasado jueves, fue la primera que se produjo tras anunciarse que el presidente del Gobierno daría cuenta en un Pleno extraordinario del Congreso del 'caso Bárcenas'. En esa última sesión CiU y PNV tomaron parte en todos los trabajos y, de hecho, pactaron con el PP parte del capítulo de buen gobierno, en el que estaban especialmente interesados. Pese a ello, el informe de la ponencia fue aprobado únicamente por el PP. UPyD, pese a que ha logrado incluir algunas de sus enmiendas, mantiene una frontal oposición a la norma mientras que CiU y PNV prefirieron reservase su voto para la comisión que hoy se celebra.

Ahora, aunque el PSOE mantiene la ruptura de relaciones con el PP, desde la dirección federal confirmaron ayer a este diario que hoy acudirá a la reunión de la Comisión Constitucional, si bien aún no ha decidido qué postura mantendrán respecto a las enmiendas y al dictamen final del proyecto legislativo. Todo dependerá de si el PP acepta sus más de 60 enmiendas, todas ellas redactadas en "comandita"con los populares antes de la ruptura de las relaciones. Si la mayoría dice "sí", el voto del PSOE será favorable; si es que "no", los de Rubalcaba se quedarán en la abstención.

La discusión de hoy en la Comisión Constitucional será la primera que tendrá lugar en abierto tras el debate de totalidad del Pleno. Y una vez que la comisión apruebe su dictamen, el Pleno del Congreso hará lo propio la segunda semana de septiembre y lo enviará al Senado.

La norma equiparará las obligaciones de transparencia de la Casa Real a las de otras instituciones públicas como el Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Entre las principales enmiendas consensuadas en ponencia está la que obliga a todas aquellas entidades privadas cuya financiación dependa al menos en un 40 por ciento de subvenciones públicas a somterse a la norma. Se rebaja así de un 50 a un 40 por ciento el porcentaje que será requisito para aplicar los criterios de publicidad activa que fija la ley, que también pondrá bajo la lupa a "absolutamente todas"las entidades que reciban más de 100.000 euros al año de dinero público por cualquier vía, lo que incluye a los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales, y abre las puertas a que entre la Iglesia.