El soberanismo acuerda precipitar la desconexión la próxima semana

La opción de aprobar las leyes de ruptura mediante decreto del Govern es la menos favorita

La opción de aprobar las leyes de ruptura mediante decreto del Govern es la menos favorita.

Los partidos independentistas sorprenderán la semana que viene a los ciudadanos de Cataluña con un intento de desconexión del resto de España que los poderes del Estado se disponen a impedir. Tanto el Govern de Carles Puigdemont como los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP continuaban ayer estudiando cómo materializar una desconexión que comportará la aprobación de la ley del Referéndum y de la ley de Transitoriedad Jurídica. Una de las opciones que están sobre la mesa para dar luz verde a estas iniciativas, la de realizar su aprobación mediante decreto gubernamental, fue perdiendo posibilidades. Cabe decir que no está descartada, aunque es la que menos gusta a las partes implicadas en el «procés».

Los socios soberanistas tratan de mantener un cerrojazo informativo para evitar filtraciones. Se felicitan porque el pasado lunes fueron capaces de dar a conocer todo el contenido de la proposición de ley de Transitoriedad Jurídica –que se proclamará como «norma suprema» del ordenamiento jurídico en Cataluña– sin que ningún medio avanzara el articulado y quieren mantener esta línea a lo largo de los próximos días.

En todo caso, será la semana que viene cuando se precipiten todos los hechos, ya que así lo exigen los ajustados tiempos de la recta final del proceso soberanista. Este próximo martes se celebrará reunión de gobierno en el Palau de la Generalitat y el miércoles se iniciará un pleno de dos días en el Parlament que promete desencadenar el intento de desconexión de los soberanistas. La vía de alterar el orden del día del pleno sobre la marcha para forzar la votación de la ley del Referéndum –imprescindible para proceceder a su convocatoria– y la ley de Transitoriedad Jurídicia es la favorita. Para consumarla bastará con que los grupos de Junts pel Sí y la CUP se pongan de acuerdo en ello, ya que el resto de grupos de la oposición (Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP) no tienen mayoría para impedir las maniobras soberanistas.

Sin embargo, los mencionados grupos se niegan a permanecer de brazos cruzados y ayer pasaron a la acción exigiendo en un escrito a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que permita que la Mesa de la Cámara solicite informes jurídicos a los letrados acerca de las dos leyes de «ruptura» a falta de una semana para el pleno en el que podrían ser aprobadas.

Ciudatadans, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PPC registraron sus escritos por separado con argumentos diferentes. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, afirmó que su grupo quiere que los letrados se pronuncien sobre si la actuación de Forcadell está siendo «correcta» y «legal» con el «bloqueo» de estas dos leyes, una situación que ha calificado de «inaudita en la historia» de la cámara catalana.
El PP, por su parte, emplazó a Forcadell a que requiera a los letrados de la Cámara la elaboración de un informe sobre el aplazamiento de las admisiones a trámite y sobre el contenido de las propias leyes, ya que se trata, subrayaron, de «una situación anómala, que no encuentra amparo reglamentario, así como tampoco en la praxis parlamentaria».

El PSC, en una línea diferente, pidió que los letrados del Parlament no solo analicen las dos leyes de ruptura, sino que en la próxima reunión de la Mesa se incorporen esas dos iniciativas en el orden del día a tratar con el propósito de examinar «de forma fundamentada y razonada, no admitirlas a trámite», por la «inconstitucionalidad y antiestatutariedad» de las normas.

Catalunya Sí Que Es Pot, el único grupo de la oposición que ha flirteado con los planes de autodeterminación del bloque soberanista, también planteó que los letrados determinen si la presidenta puede «posponer sine die» una iniciativa ya registrada, «hurtando» el derecho de los miembros de la Mesa a pronunciarse sobre la misma; como también pide que se posicionen sobre la «viabilidad» de admitir a trámite o no estas normas.