El Supremo condenará por sedición, no por rebelión a los líderes del "procés"

El Tribunal Supremo condenará a los nueve encarcelados por el "procés"por un delito de sedición, tesis que era la que sostenía la abogacía del Estado.

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los ex consellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquin Forn y Dolors Bassa, así como líderes de la Asociación Nacional Catalana y Ómnium Cutltural, Jordi Sánchez y Jordi Turull, respectivamente, recibirán mañana la sentencia del Tribunal Supremo, adoptada por unanimidad de sus siete magistrados, en la que se le condenará por un delito de sedición, delito castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión, descartándose la tesis de la Fiscalía, que pretendía la condena por rebelión. De esta forma, la Sala vendría a concluir que en todos los hechos sucedidos a raíz de la Declaración Unilateral de Independencia como tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 la violencia registrada no fue «nuclear» para derribar el orden constitucional establecido. Y es que, tras cuatro meses de intensas deliberaciones, la Sala habría concluido que no hubo la violencia exigible para poner en jaque en el Estado constitucional español.

Todos ellos, actualmente en prisión provisional, pasarán, de esta forma, de ser presos preventivos a penados. La pena mayor se prevé para Oriol Junqueras, que es quien tenía una mayor responsabilidad dentro de la Generalitat y, por tanto, un mayor dominio de los hechos. Junto a ello, los tres procesados que se encuentran en libertad provisional, los también ex consejeros Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundo recibirán penas menores que no derivarán en que tengan que ingresar en prisión. Junqueras y los demás hombres condenados recibirán la notificación de la sentencia en prisión de Lledoners, mientras que Forcadell y Bassa tendrán conocimiento de la misma en las prisiones donde se encuentran. La decisión llega poco antes de que venza el plazo máximo de dos años de prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lo que sucedería el próximo miércoles. En un principio, se había planteado en el Tribunal la posibilidad de notificar personalmente la sentencia, lo que habría hecho necesario trasladarles desde los centros penitenciarios hasta Madrid. Finalmente se ha optado por actuar de la forma que se habitualmente se hace, es decir, notificarlas a sus representantes legales; a sus procuradores, y a los afectos de forma telemática.

La Fiscalía solicitaba un total de 25 años de prisión para Junqueras, mientras que para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart reclamaba 17 años de cárcel y uno menos para los ex consellers encarcelados. A todos ellos les acusaba de un delito de rebelión. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió 12 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat y seis meses menos para el resto de los encarcelados. La resolución del Tribunal Supremo se acercará a la petición de la Abogacía del Estado, aunque está por ver lo que decide el Tribunal respecto al delito de malversación, si condena por el mismo también o entiende que está subsumido dentro de la sedición.

Los servicios Jurídicos del Estado sostuvieron el criterio, ahora refrendado en líneas generales por el Supremo, de que en todo lo relacionado con lo sucedido ante la consejería de Economía y los actos derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, hubo un uso de la violencia, pero ésta no fue un «elemento estructural» del plan soberanista impulsado por los líderes independentistas.

La Abogacía –dependiente del Gobierno– precisó que, para reunir los requisitos que exige el delito de rebelión, esa violencia debe ser «una intimidación de violencia seria y fundada». Y es que, según recalcó, «no se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza», un uso de la fuerza al que –recordó– se refiere expresamente el delito de sedición cuando castiga el alzamiento público y violento mediante «el uso de la fuerza o fuera de las vías legales».

De esta forma, el Tribunal vendría a coincidir con la Abogacía del Estado en que no ha quedado probado que el uso de la violencia por parte de los líderes soberanistas fuese «uno de los elementos estructurales» de su plan para separar Cataluña del resto de España. Por contra, añadió, el delito de sedición (que no requiere del uso de la violencia) está «perfectamente acreditado». Y es que, según manifestó en su informe la Abogada del Estado Rosa Seoane, esos nueve acusados participaron «de forma absolutamente predeterminada y organizada» en un «alzamiento público y tumultuario» que tuvo como «finalidad clara» obstaculizar el mandato judicial que ordenaba impedir el 1-O.

El constitucionalismo sale a la calle para exigir un «no» al indulto

La sociedad civil constitucionalista dio ayer signos de estar también movilizada en Cataluña ante el huracán independentista que se avecina tras la sentencia del «procés». En torno a 10.000 personas, según la Guardia Urbana, salieron a la calle por el centro de Barcelona para celebrar la Fiesta Nacional, en una marcha que discurrió por Paseo de Gràcia y concluyó con un acto en Plaza Cataluña. Como es natural, la sentencia del «procés» sobrevoló toda la jornada y los líderes políticos que participaronlo tuvieron muy presente. Inés Arrimadas (Cs) exigió a Pedro Sánchez que se comprometa a no indultar a los presos ni a conceder «privilegios penitenciarios injustificados» si los líderes independentistas son condenados. Cayetana ALvárez de Toledo (PP), por su parte, reivindicó que la democracia española, algo que ha probado el proceso judicial contra los responsables del «procés». «No hace falta subrayar lo obvio, que es que en España las leyes se cumplen. En España rige el Estado de Derecho». En la manifestación, organizada por Espanya i Catalans en colaboración con Sociedad Civil Catalana, también ha estado Vox.