El juez mantiene a Jordi Sánchez en prisión y apunta a la ANC

El juez del Supremo Pablo Llarena rechaza la petición de libertad del diputado de JxCat Jordi Sánchez. Argumenta que han aparecido nuevos elementos de su participación en los hechos investigados por el «procés», además del riesgo de reiteración delictiva.

El líder soberanista Jordi Sánchez seguirá en prisión. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera que los indicios contra él no sólo no se han desvirtuado, sino que a lo largo de la investigación se han añadido «nuevos elementos» sobre su papel en el proceso independentista. Pero el magistrado va más allá y señala igualmente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), a la que le habría correspondido impulsar «la movilización ciudadana para forzar al Estado a aceptar la independencia» aun conociendo «la altísima probabilidad» de que esas concentraciones desembocaran «en actos violentos en defensa de la declaración unilateral de independencia».

El instructor recuerda que la ANC plasmó «su concreta vía de actuación» para 2015 y 2016 en un documento, en el que ante una posible intervención de la Generalitat por el Estado atribuye a la ciudadanía el rol de «agente político que impulsa el proceso de independencia». Llarena vincula ese objetivo con la agenda Moleskine intervenida a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras en la Consejería de Economía, en pos de la independencia, que plantea que «como último recurso deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano». En esa misma agenda se aboga por «ir incrementando la conflictividad según la respuesta del Estado». Una documentación que, según el magistrado, «evidencia no sólo la reunión de partidos políticos soberanistas y los representantes de ANC y Òmnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia». Desde la asociación soberanista, subraya, se efectuaron múltiples convocatorias para que los ciudadanos «se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum» o, incluso, «dando pautas de cómo habrían de ocuparse los centros de votación en la madrugada» del 1-O.

Lejos de disipar el riesgo de reiteración delictiva, el juez cree que ese peligro es mayor que en otros investigados. Sánchez, dice, podría volver a impulsar «movilizaciones multitudinarias» como las que «favorecieron un estallido social», al «estimular» o «asumir» el riesgo de que se produjera «una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado». Y recuerda que Sánchez (número dos de la lista de Puigdemont) no sólo no ha renunciado a una actividad pública que «ha servido de instrumento» para la ejecución del plan soberanista, sino que lo hace a través de una candidatura «que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política» que condujo a las actuaciones investigadas.