El TC tumbó en 2016 una docena de actuaciones sobre el «procés»

Abogacía del Estado, Fiscalía y Tribunal Constitucional han actuado como auténticos cortafuegos frente al desafío secesionista catalán. Las leyes de «desconexión» han sido anuladas por el TC una tras otra.

Dentro de pocas semanas se cumplirán cuatro años desde que los partidos nacionalistas e independentistas catalanes decidieron echar un órdago al Estado, saltarse la legalidad para conseguir algo que es prácticamente imposible e incompatible con el ordenamiento jurídico español: la independencia de Cataluña o, usando el término de algunos de quienes la promueven e incitan en todas los ámbitos de la sociedad catalana, la «desconexión» con España. Sin embargo, en ese desafío se han encontrado enfrente con tres muros infranqueables: el Gobierno, a través de las sucesivas impugnaciones y actuaciones impulsadas por la Abogacía del Estado; la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Las tres instituciones han actuado como un auténtico cortafuego, tanto desde el ámbito político como desde el judicial, frente a las pretensiones secesionistas de una parte de la sociedad catalana.

En lo que se refiere al Tribunal Constitucional, en al año que ahora agoniza ha tumbado, suspendido o declaradas inconstitucionales una docena de resoluciones o leyes aprobado por el Parlament, con el apoyo del Partit Demócrata Catalá y la CUP, con las que se pretendía avanzar en el «procés», en la «desconexión» con España o crear estructuras propias para un futuro e hipotético Estado catalán.

La primera de esas actuaciones relevantes llevadas a cabo por el Alto Tribunal en los últimos doce meses hay que situarla en el pasado mes de marzo, cuando admitía a trámite el incidente de ejecución instado por la Abogacía del Estado por la creación de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente, la cual tenía como principal función preparar el terreno para una futura «desconexión».

Precisamente, el haber tramitado las conclusiones de esta comisión, pese a la prohibición expresa del TC es lo que determinó que la Fiscalía presentara –a instancias de quien entonces era su principal responsable, Consuelo Madrigal– una querella contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, por un delito de desobediencia. El TSJ de Cataluña admitió a trámite la querella y Forcadell declaró ya hace pocas semanas como investigada ante el juez instructor.

Relacionadas igualmente con el «procés», el 7 de julio, el Alto Tribunal daba un duro revés a las pretensiones independentistas del PDC, la CUP y la Generalitat, con Carles Puigdemont a su cabeza. Ese día, el TC anulaba las «estructuras de Estado» aprobadas por el Ejecutivo catalán, al prohibir la creación de una Agencia Tributaria propia y de otras cuatro normas relevantes para la hipotética «desconexión».

Pocas semanas después, el 1 de agosto, el último garante de la Constitución suspendía la declaración del Parlament sobre el «inicio del proceso político en Cataluña de los resultados electorales del 17 de septiembre» y, apenas 17 días después, el Alto Tribunal acordaba iniciar un incidente de ejecución por la resolución de la Cámara catalana sobre el «proceso de desconexión», la cual fue anulada hacía un año.

Este mes de diciembre, las pretensiones independentistas han sufrido tres duros varapalos a sus pretensiones por parte del Tribunal Constitucional. Así, el pasado día 12, se suspendía cautelarmente la resolución de la Cámara autonómica en la que se acordaba celebrar un referéndum de autodeterminación el próximo año; a la vez que acordaba igualmente tramitar el incidente de ejecución instado por la Abogacía del Estado por la resolución adoptada en octubre por el Parlament relativa al «proceso de Cataluña» y el «Referéndum».

En segundo lugar, se estimaban los recursos interpuestos por Ciudadanos y PSC por la decisión del Parlament de crear ponencias parlamentarias conjuntas para la elaboración de sendas proposiciones de Ley sobre protección social catalana, el régimen jurídico catalán y de la Administración Tributaria. Y, en tercer lugar, el pasado día 23, el Tribunal Constitucional anulaba los aspectos esenciales de la Ley de Acción Exterior aprobada por la Generalitat. El Alto Tribunal dejaba claro que las relaciones internacionales son competencias exclusivas del Estado.

Al margen de las resoluciones directamente relacionadas con el «procés» o la «deconexión», la Generalitat también ha visto cómo otras dos leyes relevantes han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional: la que prohibía la celebración de corridas de toros en Cataluña y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la que prohibía el uso de la técnica de la fractura hidráulica o «fracking».

Este desafío, del que ahora se cumplirá cuatro años, ha llevado a que en apenas 40 días, el 6 de febrero, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau se tengan que sentar en el banquillo de los acusados, por llevar adelante la consulta de 9 de noviembre de 2014; y que, previsiblemente, el actual portavoz en el Congreso del Partit Demócrata Catalá –sucesor de Convergència Democrática de Cataluña– Francesc Homs, corra también la misma suerte en el Tribunal Supremo, por esos hechos; así como que la actual presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, haya tenido ya que declarar como investigada por una querella interpuesta por la Fiscalía al permitir la votación en el Parlament de las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente, cuando estaba igualmente suspendida por el Alto Tribunal. Y, de forma más que reciente, el pasado día 21, el TC ha notificado ya personalmente a Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament la admisión a trámite del «incidente de ejecución» para analizar si la resolución de celebrar en 2017 un referéndum sobre la independencia de Cataluña vulnera disposiciones del tribunal encargado de hacer cumplir y respetar la Constitución.

El TC ya enseñó sus cartas en la primera jugada, en enero de 2013, cuando la Cámara catalana aprobaba la declaración soberanista para impulsar el ejercicio del «derecho a decidir». Ese envite del Parlament y de quien era su presidente, Artur Mas, fue visto por al Alto Tribunal , la sesgó de raíz y la dejó, apenas dos meses después, en el limbo. Era el primer varapalo de los muchos que han venido después, empleando para ello argumentos que utilizaría posteriormente en decisiones similares: «En el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».

Su sucesor, Carles Puigdemont, ha seguido esa senda y se ha encontrado con idénticos frenos y tanto él como quienes forman parte de su Gobierno y los dirigentes que impulsan el «procés» saben que la Justicia no permitirá desaires al Estado de Derecho ni ataques a sus leyes, comenzando por la Constitución. Por el momento, cinco dirigentes ya saben lo que es sentarse delante de un magistrado: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Homs y Carmen Forcadell. Ahora está por ver si el empecinamiento hace que se amplíe esa lista.