El «viacrucis» del PSOE

Ni el presidente andaluz se refirió al asunto, ni ningún miembro de la Ejecutiva Federal hizo la más mínima alusión. Hablamos de las últimas detenciones sobre los ERE fraudulentos en Andalucía. Y es que en Ferraz dicen que el asunto no les preocupa lo más mínimo, que están satisfechos con que la instrucción avance y que además la investigación judicial se inició por una denuncia de la Junta de Andalucía que dirige el también presidente del PSOE.

En estos términos se expresó Alfredo Pérez Rubalcaba cuando, al término de la reunión de la dirección federal, fue preguntado en rueda de prensa por el asunto y aprovechó para pedir «un poquito de prudencia» al PP en este sentido. Se refería a las continuas insinuaciones que desde el partido rival se hacen sobre si José Antonio Griñán «debía saber o no saber» y a la actitud «superprudente» que afirmó tuvo el PSOE durante «la turbia época de Gürtel. Luego recordó que en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento andaluz, Griñán pidió al representante del PP que «le dijera a los ojos lo mismo que decía en las ruedas de prensa» sobre que conocía la forma de tramitación de los ERE, y que el diputado en cuestión «bajó la mirada».

Hasta aquí lo que afirmó Rubalcaba, pero el propio presidente del PSOE, en declaraciones a este diario, se manifestó en términos parecidos, esto es, que el detenido Guerrero nunca fue director durante su presidencia; que la Junta de Andalucía es acusación contra él ex director general a quien ha pedido responsabilidades penales y que tanto él como un ex consejero afiancen con su patrimonio los daños. «Lo que queremos es que hable y que pague», añadió antes de desvelar que la operación policial que el martes se saldó con 20 detenidos ha sido posible gracias a la información que en los últimos meses ha puesto a dispoción de la juez la propia Junta de Andalucía. Las partidas presupuestarias para los ERE fueron aprobadas por el Parlamento, «luego no son ilegales», aclaran desde el entorno del presidente. Así, el fraude alcanzará lo que determine la investigación, pero la mayor parte de los 1.000 millones se destinaron a atender las prejubilaciones de 6.000 trabajadores. «La intervención de la Junta –añaden– jamás detectó el fraude y, aunque manifestó la discrepancia con el procedimiento, siempre informó favorablemente de todas las transferencias de financiación».

Tanto para los actuales inquilinos de la Junta como los de la calle Ferraz, el avance de la investigación jucial es lo que la Presidencia andaluza lleva pidiendo meses. Es más, añaden que hay imputados que llevan más de un año sin declarar «y que podrían estar eliminando pruebas».

Entre la dirección federal y la federación andaluza, en este asunto no se vislumbra ni una fisura. Prueba de ello es que ningún miembro de la Ejecutiva llevó ayer al debate el asunto.