Crisis del PSOE

ERE del PSOE: 20% menos de sueldo a sus empleados

La Razón
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Los empleados del PSOE trabajarán a partir de ahora un veinte por ciento menos. Y cobrarán, en consecuencia, otro tanto menos. Ésa es la consecuencia inmediata de la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha puesto en marcha el principal partido de la oposición, tras aprobarlo el verano pasado. Desde entonces ya se han aplicado las medidas contempladas en la primera parte del ERE y, aunque el partido ha intentado en estos meses «no tener que aplicar» el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), «no le ha quedado más remedio» que hacerlo, debido a los fuertes recortes de presupuesto que ha sufrido, sobre todo por la bajada de subvenciones oficiales, según informaron a Europa Press fuentes del Comité de Empresa del PSOE. En el ERE, al que dio luz verde la asamblea de trabajadores del PSOE el pasado julio, se incluían un centenar de prejubilaciones, 16 bajas voluntarias y siete despidos con indemnizaciones de 35 días por año trabajado. Según las citadas fuentes, todas estas medidas ya se acometieron en 2012. Ahora, el partido ha tenido que poner en marcha el ERTE que esa misma asamblea aprobó. El acuerdo del ERE afecta a la plantilla de la estructura federal del partido, a los trabajadores de los grupos socialistas en el Congreso y el Senado y a 14 agrupaciones territoriales: 8 partidos autonómicos y 6 provinciales. En el proceso de negociación, la dirección del PSOE se marcó como objetivo «limitar al máximo el impacto social del expediente y buscar fórmulas solidarias que redujeran al mínimo las consecuencias laborales». Las negociaciones de este ERE se pusieron en marcha dentro del plan de austeridad que se fijó el PSOE para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa por el «importante descenso de ingresos» de la organización tanto por los resultados electorales que obtuvo en las últimas elecciones generales, en las que perdió 4,3 millones de votos y casi 60 escaños, como por la reducción de las asignaciones del Estado a partidos políticos.