ETA quería la «eliminación física» de quienes se opusieran a su proyecto

En un informe de casi 650 folios, más los correspondientes anexos, la Guardia Civil detalla de forma minuciosa la historia criminal y la finalidad de la banda terrorista ETA desde sus inicios.

En un informe de casi 650 folios, más los correspondientes anexos, la Guardia Civil detalla de forma minuciosa la historia criminal y la finalidad de la banda terrorista ETA desde sus inicios, así como el papel pormenorizado y detallado que ha desempeñado de forma individual cada uno de los casi 50 terroristas que han integrado su «comité de dirección», que daba las órdenes para la comisión de los atentados. Ese informe, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y está incorporado a la causa abierta tras la querella presentada por un particular, que asumió posteriormente la asociación Dignidad y Justicia tras desistir el mismo, contra cinco ex dirigentes etarras por los delitos de genocidio y de lesa humanidad.

En el informe se constata que la banda tenía claro cuál era su objetivo desde su constitución, como consta en un documento de 1964, que no era otro que lograr la independencia del País Vasco mediante una estrategia de «guerra revolucionaria», un conjunto de acciones «de toda naturaleza (políticas, sociales, económicas, psicológicas, armadas, etc) que tiende al derrocamiento del poder establecido en un país y su reemplazo por otro régimen, orden o sistema».

En uno de los apartados del informe de la Guardia Civil se refiere a los «fines de ETA», en él se constata que lo que pretendía ETA con dicha actividad terrrorista, «sistemática y generalizada», era generar una situación insostenible para el Gobierno de España, «mediante la creación de una situación de miedo e inseguridad permanente en determinados sectores de la sociedad vasca y del resto de España.

De esta forma, lo que buscaba ETA era, principalmente, la eliminación física (asesinato), el secuestro o el amedrentamiento mediante amenazas, extorsiones, presiones sociales de todo tipo y atentados dirigidos a causar estragos materiales «de aquellas personas representativas, tanto de las instituciones del Estado español como de sectores muy determinados de la sociedad vasca y del resto de España (grupos políticos, ideológicos, profesionales, económicos o sociales), que se caracterizaban por su oposición al proyecto político y social que propugnaba la banda terrorista y su entorno, o suponían un obstáculo para la consecución del mismo». Así, sus objetivos no eran sólo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, sino cualquier sector de la población que se opusiese a sus fines y métodos.

Todo se constata en un documento que se intervino a un dirigente etarra en 1994, en el que se detalla de forma minuciosa, clara y exhaustiva los colectivos políticos y sociales contra los que ETA concentraría su actividad terrorista a partir de esos años: el poder económico («el capital», «la oligarquía»), las autoridades más significativas de las instituciones estatales y los dirigentes políticos, a los que se les acusa de ser «los responsables del alargamiento del «conflicto» y querer perpetuar el «sistema constitucional actual», los propios medios de comunicación social, catalogados como «terroristas del bolígrafo», y contra «quienes se sitúan claramente frente al movimiento independentista y colaboran activamente del lado del Estado español», además de policías, guardias civiles, «chivatos» o traficantes de droga. De esta forma, no había ningún sector que quedara al margen de los objetivos de la banda. Se buscaba una auténtica «limpieza nacional», se señala desde fuentes jurídicas.

Con la «eliminación física de dichas personas o la intimidación o coacción a las mismas», lo que buscaba ETA y el resto del autodenominado «Movimiento de Liberación Nacional Vasco» ( MLNV) se destaca en el informe de la Guardia Civil al respecto, era «crear un clima de temor e inseguridad en la población que anulara política y socialmente a los sectores de la sociedad a los que estas personas pertenecían».

Por otro lado, la Guardia Civil también detalla, tal como le solicitó el juez, quiénes han formado parte de las distinta cúpulas de ETA, entre los que figuran Juan Lorenzo Lesa Michelena, Eugenio Echebeste, José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Garmendia y José Antonio Urruticoechea –sólo Múgica Garmendia permanece en prisión y Urruticoechea, «Josu Ternera» está huido de la Justicia– que son contra los que se dirige la querella por genocidio y delitos de lesa humanidad. En el informe se atribuye a los integrantes del «Comité Ejecutivo» la responsabilidad máxima de la acciones terroristas cometidas en cada período: «Los miembros del “Comité Ejecutivo” de ETA han sido los encargados de llevar a cabo el diseño de la estrategia general que ha seguido toda la organización terrorista, y que a su vez han coordinado lo que de ellos individualmente dependía directamente. Han sido los encargados de ejercer una dirección global de todas las actividades de la banda terrorista, las cuales se realizaban siempre de modo colegiado». En definitiva, los responsables últimos de esa buscada «limpieza nacional».