Fabra se arma de informes para defender su decisión

Valencia- El cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está dando al Gobierno de Fabra más problemas de los esperados. Para defender esta decisión necesita demostrar que su actuación en el proceso fue impecable. Desde el primer día en el que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia anulaba el ERE, Presidencia remarcó que el documento era correcto, pero que había sido su ejecución, cuya responsabilidad recae en la ya ex directora general de RTVV, Rosa Vidal, la causante del fallo. Ayer, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, aseguró que dispone de un informe de la Abogacía de la Generalitat y otro del despacho que elaboró el expediente, el bufete Garrigues, que confirman su versión.

Es más, están tan seguros de que pueden demostrar que su intención era redimensionar esta empresa y no liquidarla mediante la ejecución de un ERE desastroso, tal y como se atreven a decir las malas lenguas, que incluso estudian emprender acciones legales contra Vidal para exigirle reparaciones por el daño causado.

El vicepresidente llegó a reconocer que la situación que obligó al ERE, una deuda acumulada de más de 1.200 millones de euros, puede deberse a errores cometidos en el pasado sobre los que pidió disculpas. Aseguró que aquellos que pueden haber sido constitutivos de delito ya están en los tribunales y anunció que el Consell se personará en la pieza separada del «caso Gürtel» para investigar los contratos de RTVV en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006, si se produce un ofrecimiento de acciones por parte del juez.

Císcar admitió sentirse «afectado», pero no culpable, y reforzó el argumento sobre la imposibilidad del Gobierno valenciano de aportar 70 millones extra al Presupuesto del próximo año para readmitir a los trabajadores.

Aunque aseguró que la decisión la tomó exclusivamente el Con-sell y que el Gobierno central no les presionó, sí que admitió que el Ejecutivo de Rajoy les ha instado a reducir la deuda de cualquier manera, aunque fuese a costa de «cerrar hospitales, pero no lo hemos hecho. Sería traspasar nuestra línea roja». Císcar no pudo evitar referirse a los apuros vividos para cerrar el año 2011, «no sé si se acuerdan».

La Generalitat sigue haciendo cálculos sobre el dinero que deberá desembolsar por el cierre. Las cantidades todavía son aproxinmadas, pero Císcar apuntó que tendrá que gastar 30 millones en indemnizaciones de los trabajadores que ya han sido despedidos, otros 30 para los que no estaban afectados por el ERE y diez en los salarios de tramitación. A estas cantidades tendrían que añadirse las indemnizaciones a contratistas.

Sin «opción B»

El vicepresidente también quiso dejar bien claro que el Consell no tiene encima de la mesa alternativas de RTVV. Ni planea privatizarla, «es inviable», ni hacer concesiones a otras cadenas para que den información sobre la Comunitat Valenciana y en valenciano.

Tampoco quiso hablar de plazos, aunque aseguró que la Generalitat no ha tenido la intención de cortar las emisiones. Ni siquiera durante la programación especial que realizaron los trabajadores para defender la necesidad del ente.

El Comité de Empresa anunció que analizan fórmulas para recurrir el decreto-ley por el que se nombró al nuevo Consejo de Administración. Afirman que hay varios aspectos «cuestionables», como la urgencia de la norma y el perfil de los nuevos consejeros.