Cerco a la corrupción
Fianzas que suman 965.000 euros a 5 de los 14 detenidos por el caso Imelsa
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha impuesto fianzas que suman 965.000 euros a cinco de los catorce detenidos que declararon el martes y ayer miércoles por el presunto amaño de contratos dentro de la investigación del caso Imelsa. El detenido al que se ha impuesto una fianza mayor es a Mariano López, empresario y exsuegro de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, que deberá pagar 500.000 euros para garantizar la responsabilidad civil, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Para el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, la exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster y la exconcejal de Cultura del Consistorio María José Alcón, el juez ha establecido una fianza de 150.000 euros para cada uno.
Al exsecretario autonómico de Deportes David Serra ha impuesto una fianza de 15.000 euros para garantizar la responsabilidad civil.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia seguirá tomando declaración hoy, previsiblemente a partir de mediodía, a los detenidos en la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunitat Valenciana, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En total hay 24 personas detenidas, entre las que figuran el expresidente de la Diputación de Valencia, expresidente provincial del PP y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y los exvicepresidentes de esta institución Máximo Caturla y Juan José Medina.
El juez ha tomado ya declaración a 14 de los detenidos en esta operación, 13 de los cuales lo hicieron ayer, mientras que el martes lo hizo la exconcejal del PP de Valencia María José Alcón, a quien el juez dejó en libertad con cargos y bajo fianza de 150.000 euros.
Entre los que pasaron ayer por el juzgado se encuentran el ex secretario autonómico y exdiputado del PP en Les Corts David Serra, y la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, para quien el fiscal pedía prisión.
También fueron interrogados el empresario Mariano López Sancho, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa, y exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma.
El exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, exmarido de la exconcejala del PP María José Alcón, fue otro de los que ayer declararon ante el juez, junto con dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Estos siete detenidos fueron puestos en libertad, aunque mantienen la condición de investigados (figura que sustituye a la de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento criminal) por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.
Tras estas personas, anoche también pasaron a disposición judicial otros seis empresarios detenidos en esta operación anticorrupción, a los que el juez dejó en libertad, según informa el TSJ.
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