Fin de las subvenciones a los partidos que no publiquen sus cuentas

Los ciudadanos quieren explicaciones, pero también medidas para evitar que se repitan escándalos de corrupción como el «caso Bárcenas», que ayer centró el debate parlamentario. El presidente enlazó con esta demanda social mediante la formalización ante el Parlamento de su decisión de impulsar a partir de septiembre hasta media docena de reformas legales para, como anticipó este periódico el pasado lunes, endurecer los controles a los cargos públicos y a los partidos. Un paquete legislativo que incluirá propuestas concretas para reforzar la fiscalización de los responsables económicos de las organizaciones políticas.

Rajoy detalló que el Plan Nacional de Regeneración Democrática incluirá las medidas esbozadas en el último Debate del Estado de la Nación. Una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que, entre otras actuaciones, regulará la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Congreso. Además de los procedimientos de contratación, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

Habrá también una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para ampliar la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos de los partidos y de las fundaciones. Una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, con la que fortalecerán el régimen de prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas –físicas o jurídicas– condenadas por delitos relacionados con la corrupción; y una nueva Ley Reguladora de las Funciones Políticas, que establecerá las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regulará la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y les impondrá la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.

Las otras dos reformas afectarán al Código Penal, para endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, incluyendo nuevas figuras como la financiación ilegal y mejorando el control de la falsedad deliberada de las cuentas por parte de los partidos políticos, así como el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos. Y, por último, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar los procedimientos judiciales en los que se enjuicia este tipo de delitos. «Estoy convencido de que la modificación de penas, plazos y procedimientos acabará con esa cierta sensación de impunidad que tanto irrita a la sociedad española», señaló Rajoy.

El presidente se comprometió a buscar el acuerdo entre todos los grupos, a sabiendas de que el «caso Bárcenas» seguirá siendo en septiembre una rémora para que avance el pacto. Como ya ha obstaculizado la tramitación de la Ley de Transparencia. «Es importante frenar este deterioro de la imagen de los políticos y de las instituciones porque el clima que genera podría causar un daño irreversible, poniendo en peligro los logros conseguidos gracias al trabajo de todos», señaló Rajoy, que recuperó este plan de regeneración democrática para poner sordina a los movimientos del ex tesorero de su partido y a la ofensiva de la oposición en su contra.