Fiscalía: las penas de prisión para quienes “sucumben” a la corrupción política “sirve de freno a conductas futuras”

Uno de los más graves problemas que afectan a nuestra sociedad actual es la corrupción política, de acuerdo con reiterados informes y análisis de diferentes organismos e instituciones. Así lo pone de manifiesto la Fiscalía Anticorrupción dentro de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. Esa gravedad lleva al Ministerio Público a considerar que, en líneas generales, no deben sustituirse a las penas de prisión a quienes resulten condenados por ese tipo de delito por otras menos severas. Así, sostiene al respecto que cuando los actos cometidos por el condenado han estado inherentemente unidos al ejercicio del poder público, causando un daño irreparable en el campo de la confianza ciudadana, «el otorgamiento del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no produce efecto intimidatorio o preventivo alguno y alimenta la sensación de impunidad de quien ejerce de modo desviado, en su propio beneficio o en el tercero, el poder que le ha sido conferido por los ciudadanos».

En tales casos, sostiene el Departamento que dirige Alejandro Luzón, la pena está llamada a cumplir un fin que va más allá de la resocialización, «pese a que no puedan caber dudas sobre la capacidad del penado para vivir en sociedad sin delinquir». De esta forma, cuando se acredita una actuación delictiva enmarcable «en lo que coloquialmente se viene dando en denominar corrupción política a través de una «trama organizada», la denegación de la suspensión de las penas de prisión busca primar –por encima de todo– la función de prevención general, que está dirigida a que «todos aquellos que decidan dedicarse al servicio público, interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética política y, desde luego, a la estricta legalidad». En estos casos, la pena cumple así «su función de servir de freno a posibles conductas futuras, lo que sólo podrá conseguirse mediante el cumplimiento efectivo de las penas de prisión».

De esta forma, se huye de pronunciamientos meramente formales, «equivalentes en la práctica y a los ojos de los ciudadanos a una cuasi impunidad material (de políticos y poderosos)», de tal modo que «quienes sucumben a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder y hacen un uso torticero del mismo, deben percibir que su conducta lleva «aparejado el efectivo y real cumplimiento de las penas».

Por otro lado, la Fiscalía alerta también sobre todo lo relacionado con la criminalidad organizada, la cual constituye “uno de los principales retos a los que se enfrenta el Ministerio Fiscal”, dada la complejidad y gravedad de estas conductas que han invadido la actual economía globalizada, «limitando su eficacia y competitividad y contaminando el sistema financiero mediante la utilización de sus circuitos para disfrutar de sus inmensos beneficios». En este punto, señala cómo el pasado año se presentaron acusaciones contra complejas organizaciones criminales que, al socaire de las ventajas que les ofrece la globalización, «utilizan con maestría los circuitos por los que transitan sus beneficios, sirviéndose de los más sofisticados mecanismos para lo que cuentan con asesoramiento experto legal y financiero, principal o únicamente dirigido a la ocultación de los productos del crimen frente a la actuación del Estado»