Fiscalía y Abogacía del Estado actuarán si se sigue intentando burlar al TC

La maquinaria del Estado está en alerta para responder de inmediato a cualquier decisión administrativa que vaya en contra del TC, «sin excepción y afecte a quien afecte».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está decidido a mantener la suavidad en las formas y el discurso contenido ante el desafío catalán. La línea que exhibió en la respuesta a la convocatoria de la consulta de autodeterminación será la misma que mantendrá en las semanas de tensión que quedan por delante, ya que en el Ejecutivo están convencidos de que la presión política del bloque independentista, en buena parte para activar la movilización social, irá en aumento de aquí al 9 de noviembre. Pero Rajoy también quiere que se vigile cada decisión de Mas, de la Generalitat o de cualquier otra administración catalana, así como de los partidos catalanes y otros agentes, por si se saltan la ley en su afán por mantener vivo entre los ciudadanos el «engaño» de que habrá referéndum en la fecha prevista. «Está anulado cualquier acto que se derive de las normas suspendidas, eso es evidente. Y su ejecución puede dar lugar incluso a una responsabilidad penal», advierten desde el Gobierno.

La iniciativa siempre que puedan la dejarán en manos del PP catalán, que será, por ejemplo, el que se encargue de instar a la Fiscalía General del Estado a actuar contra el acuerdo del Parlament sobre la elección de la Comisión encargada de controlar el proceso consultivo suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). El PP entiende que la elección de esa «farsa de Junta Electoral para la independencia» es una «clara ilegalidad» y por ello, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta de los populares en Cataluña, anunció ayer que llevará ante la Fiscalía y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el acuerdo alcanzado por el Parlament para desarrollar la ley de consultas y proponer a los siete miembros que deben formar parte de la Comisión de Control. Remitirán ambas denuncias al TC.

«Afecte a quien afecte»

La maquinaria del Estado está en alerta para responder de inmediato a cualquier decisión administrativa, como ésta, que vaya en contra del TC, «sin excepción y afecte a quien afecte», sentencian en Moncloa. Es decir, desde Mas hasta cualquier funcionario que desobedezca la medida cautelar dictada por el Constitucional. Por supuesto, el Alto Tribunal será también otro actor encargado de llevar la iniciativa para garantizar que se cumple la ley. Pero el TC no tiene los instrumentos coactivos para hacer cumplir sus resoluciones. El Estado, sí.

De aquí al 9 de noviembre, Rajoy no se moverá de su posición. Mantendrá la oferta de diálogo y de negociación, siempre y cuando se retire el órdago de la consulta. Y sigue considerando que la reforma constitucional no es una solución en estos momentos para el problema catalán. Así se lo ha trasladado, de hecho, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en sus conversaciones privadas. No obstante, Rajoy cuenta con el apoyo de Sánchez para hacer frente a la consulta de autodeterminación, y como ya hizo con Alfredo Pérez Rubalcaba, también con el nuevo secretario general de los socialistas ha abierto una línea permanente de diálogo para analizar juntos la respuesta que quepa dar a las novedades que puedan producirse en el convulso escenario catalán.

Dicen en el Gobierno que mientras se mantenga el órdago, la prioridad es la ley; y que es difícil que nada se mueva en el terreno de la política hasta después de las próximas elecciones autonómicas catalanas. «Hay que hablar, y hay que negociar, pero tú no te sientas a hablar con quien amenaza con volar el edificio en el que vives», sentencia un ministro.