La Junta Electoral exigirá a la Fiscalía que actúe ante la desobediencia de Torra

La Junta Electoral Central pedirá al Ministerio Fiscal que actúe ante la desobediencia del presidente de la Generalitat y podría reclamar a los Mossos que retiren los lazos amarillos de las fachadas públicas.

La Fiscalía tendrá que pronunciarse sí o sí ante la negativa reiterada del presidente catalán, Quim Torra, a acatar las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC). Se cumplió ayer el último plazo dado al líder independentista a las 18 horas. Ni retiró los lazos amarillos ni las esteladas de los edificios dependientes de la Generalitat. Desde la Junta Electoral se le denegó un nuevo plazo. Y en este contexto se abre un escenario que sitúa al jefe del Ejecutivo catalán en el inicio de un proceso penal: el órgano de arbitraje electoral, tras someterlo a debate y votación en una reunión que se celebrará hoy o mañana, dará traslado de este expediente al Ministerio Fiscal para que éste investigue las posibles responsabilidades penales en las que se haya incurrido. Fuentes de la Junta Electoral reconocen que han tratado de evitar este escenario. Dejaron clara esta postura dando un plazo extra de 24 horas, pero la mano tendida –en respuesta al primer recurso registrado desde la Generalitat– no ha obtenido respuesta positiva.

La JEC abrirá una doble vía contra Torra, que, por otro lado, es la habitual cuando una administración pública se niega a acatar sus resoluciones. Abrirá un expediente administrativo, en principio, sólo contra el presidente de la Generalitat porque es la que la Junta ha dirigido sus tres requerimientos. El expediente tendrá como previsible final, atendiendo a la Ley de Régimen Electoral, una multa de entre 300 y 3.000 euros, que es la prevista para los incumplimientos protagonizados por una autoridad o un funcionario. En paralelo al expediente administrativo, se abrirá una posible causa penal por desobediencia contra el president, una situación jurídica que sería similar a la que se enfrentó, por ejemplo, Artur Mas por su responsabilidad en la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Se enfrentaría así a las penas que contempla el artículo 410 del Código Penal y, por tanto, a una multa de tres a doce meses y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. También podría ser acusado de negación de auxilio al requerimiento de una autoridad, recogido en el artículo 412.2 del citado código. Éste sería un tipo de delito más grave por sus consecuencias: suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. De momento, se reserva, aunque también podría plantear a los Mossos que fueran ellos los que retirasen los símbolos.

Antes de que la JEC denegase un nuevo plazo extraordinario, Torra había remitido con su firma un nuevo escrito al órgano de arbitraje. En el documento solicitó la «suspensión del plazo» que concedido al Govern. Alegó, entre otras cuestiones, la «imposibilidad» de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana. En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, asegurado que Torra, durante la reunión del ejecutivo, comunicó su decisión de «mantener la pancarta en el balcón» del Palau, porque entiende que ello es «preservar la libertad de expresión».

Pese a las palabras Artadi, tres consejeros, una del PDeCAT y dos de ERC optaron por retirar los lazos. Unas decisiones que chocaron frontalmente con las palabras pronunciadas por Artadi. Según explicó, aunque se daba libertad a todo los consellers para actuar conforme a su criterio, en el ejecutivo catalán había un «acuerdo verbal» que comprometía a todos a no retirar los lazos, en consonancia con el president, que ha usado al Síndic de Greuges para ganar tiempo y diluir su acatamiento a las órdenes del Estado. «Se mantendrán los lazos hasta que el Síndic dicte las recomendaciones a Torra», aseguraban fuentes gubernamentales a última hora de la tarde. El desenlace más previsible, según voces del Govern, es que el defensor del pueblo, Rafael Ribó, «recomiende» esta mañana a Torra retirar la pancarta con el lazo amarillo que luce todavía hoy en el balcón de la Generalitat y el president proceda a quitarlo.

No son éstos los únicos procesos a los que se verá abocado Torra por negativa a acatar lo dictaminado por la Junta Electoral Central. Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución anunciaron ayer que presentarán este jueves ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente de la Generalitat por mantener los lazos amarillos en apoyo a los políticos presos que están siendo juzgados actualmente en el Supremo por su responsabilidad en el denominado «procés». En un comunicado, la entidad presidida por Josep Ramon Bosch explicó que esta medida responde al desafío de Torra a la Junta Electoral Central ante su negativa «a retirar los símbolos partidistas del Palau de la Generalitat». La denuncia será presentada mañana, día 21, ante la Fiscalía por el presidente de Societat Civil Catalana y el portavoz de Abogados Catalanes por la Constitución, Ramón de Veciana, en la Ciutat de la Justícia.