Forcadell se enfrenta al banquillo

El proceso soberanista amenaza con acabar enredado en los tribunales igual que lo hizo el Estatut. Las pistas, de hecho, no dejan de acumularse. Hace pocas semanas, una jueza prohibió al Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) ceder su padrón para la consulta independentista, anulando así el acuerdo que había adoptado el pleno municipal. Fue sólo una muestra del camino que puede seguir un proceso que, de no mediar sorpresa mayúscula, se estrellará contra la Justicia. El sindicato Manos Limpias, ultra atento al desafío independentista, anunció ayer que se querellará contra la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, por «subversión del orden constitucional».

Según explicó a Efe el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la querella estará redactada el miércoles o el jueves de la semana que viene y denunciará a Forcadell por «provocación e imposición de la sedición». Forcadell ha dicho en varias ocasiones que una eventual sentencia del Tribunal Constitucional para frenar la consulta independentista no puede ser obstáculo para su celebración. «No podemos aceptar que el TC condicione una votación democrática. La consulta es el instrumento más democrático y transparente que tenemos y no renunciaremos por una sentencia del TC», subrayó.

Prevaricación y desobediencia

Ante este tipo de afirmaciones, Manos Limpias ha llegado a la conclusión de que los tribunales deben ser quienes frenen a Forcadell, líder del brazo civil del soberanismo. En realidad, el sindicato planea ir más lejos y extender su querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y contra el presidente de ERC, Oriol Junqueras, una vez se apruebe la ley de consultas y se firme el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, ya que Manos Limpias entiende que llegado ese extremo ambos dirigentes habrán incurrido en delitos de «prevaricación y desobediencia de resoluciones judiciales».

«Se les ha advertido por activa y por pasiva de que es una ley inconstitucional y a sabiendas de que es ilegal y de que a las dos horas la Abogacía del Estado la recurrirá en el TC, tiran adelante», lamentó Bernad.

Ciertamente, el Gobierno ha expresado con toda claridad cuál va a ser su postura si se consuma el desafío independentista: imponer el imperio de la ley. Y lo cierto es que, aparentemente, el orden constitucional está del lado del Ejecutivo de Mariano Rajoy, puesto que si bien la Generalitat está facultada para convocar consultas no lo está para desbordar su ámbito de competencias.

Pero la firmeza del Gobierno no hace titubear a las formaciones más radicales como la CUP, una de las que pactó la pregunta y la fecha de la consulta. Su diputado David Fernández advirtió ayer de que su partido llamará a la «desobediencia civil» si el TC veta la consulta soberanista del 9 de noviembre, y pidió a Mas que convoque a los partidos «mucho antes» de la posible prohibición. «No puede ser que se nos impida votar y expresar nuestra opinión política. Nosotros nunca desobedeceremos la democracia, pediremos que se haga la consulta el 9-N, porque no tenemos otro planteamiento que no sea consulta sí o sí», aseguró en una entrevista en TV3.

El dirigente de la CUP avisó de que su formación «pregonará la desobediencia civil precisamente para fomentar esa revuelta civil de las urnas». «No nos pueden negar las urnas ni la democracia. ¿Cómo responde un país y un Gobierno cuando se les dice que no pintan nada? Hace falta una respuesta inversamente proporcional», dijo.

Sin embargo, según ha dado a entender Mas, lo probable no es que el Govern opte por seguir adelante con la consulta si el TC la prohíbe, sino que lidere algún tipo de protesta y, a continuación, se incline por unas elecciones anticipadas, ya que ERC, con toda seguridad, no permitirá que se agote la legislatura.