González exige a Gallardón una reunión para reclamar las tasas judiciales

La Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al Ministerio de Justicia el cumplimiento de la conocida como ley de Tasas (Ley 10/2012 de 20 de noviembre) para que lo recaudado por esas tasas judiciales revierta en la financiación de la Justicia gratuita. Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional consideran que no se está cumpliendo parte de esa ley y es, por tanto, la Comunidad quien está asumiendo ese coste del servicio.

A través de una misiva, el portavoz regional y consejero del área, Salvador Victoria, solicita al ministro Alberto Ruiz-Gallardón una mesa sectorial para abordar el asunto y reclama el cumplimiento del artículo 11 de la citada Ley, que vincula la tasa judicial a la financiación del servicio de asistencia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Victoria recuerda al ministro que Madrid es la segunda comunidad con mayor ligitiosidad del país y la tercera en cuanto a cantidades abonadas a los Colegios de Abogados. En la carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el consejero asegura que «el coste de la asistencia gratuita en la Comunidad ha ascendido 378 millones de euros en los últimos 8 años, lo que se traduce en una media anual de 47 millones, muy lejos de los 9 millones que el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid fijaron cuando se aprobó el traspaso de las competencias en esta materia». En este sentido, el Gobierno regional insiste en devolver las competencias de Justicia al Gobierno central «para darle un carácter nacional y unitario». Según el Gobierno de Ignacio González, durante el pasado año, «el Ministerio ha recaudado más de 300 millones de euros en concepto de tasas judiciales sin ue el cumplimiento de la Ley 10/2012 se haya derivado todo o parte de esa cantidad a las comunidades que tenemos asumidas las competencias en materia de asistencia jurídica con el fin de garantizar la asistencia de abogado y procurador a quienes carecen de recursos para litigar».

Este planteamiento, no obstante, ya ha sido realizado en diferentes marcos desde que se aprobó la Ley de Tasas y se ha reiterado en diferentes ocasiones (en la última conferencia Social, a través de escritos del subsecretario y en un grupo de trabajo reunido con el Ministerio de Justicia). Victoria insiste a Gallardón en la urgencia de este trámite. «Una demora en estas transferencias cuestiona la sostenibilidad del sistema de justicia grauita, máxime cuando las Cortes Generales están tramitando el proyecto de la nueva ley que amplía el número de beneficiarios de este derecho».

Como ejemplo del coste que supone para el Gobierno regional este servicio se expone que quien recurre una multa de tráfico de 200 euros tiene que pagar de tasas de justicia 100 euros y cuando ese señor va al juzgado ese dinero no se destina al pago de ese edificio, ni a su seguridad ni al pago de ordenadores, papel, ni a ninguno de los sueldos que están allí, salvo del juez y el secretario judicial. Todo lo demás lo pagan los madrileños con cargo a sus impuestos. Es decir, que se asumen las competencias pero la recaudación para mantener las mismas, tal y como establece la citada ley. Victoria quiso hacer hincapié en que estamos hablando de un derecho fundamental.