Griñán admite que se va por la erosión de los ERE

El socialista José Antonio Griñán ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno andaluz su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía tras algo más de 15 meses de legislatura.

Griñán ya es sinónimo de tiempo pasado en la Junta de Andalucía y lo es después de que su nombre haya quedado ligado al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que instruye la juez Mercedes Alaya. Ayer comunicó al Consejo de Gobierno, conformado por 11 consejeros –tres de IULV-CA–, su renuncia como presidente del Ejecutivo, anunciada a finales de julio. La firmó y la remitió al presidente del Parlamento regional.

«Tomé un testigo y lo cedo», arrancó en su última rueda de prensa en San Telmo. Lo hizo en abril de 2009, tras la marcha de Manuel Chaves al Gobierno de Zapatero después de 19 años como presidente; y lo transmite ahora a Susana Díaz como lo recibió: sin urnas de por medio. En su camino, seis fotos oficiales con baile de consejeros.

El dirigente socialista no quiso comentar las razones familiares que soportan su decisión y que le han «obligado» a acelerar la «operación salida», pese a haber asegurado en la Cámara regional que completaría la legislatura. Pero sí atribuyó su marcha a dos motivos esenciales: ceder paso a otra generación, para combatir la desafección hacia la política, y «preservar a la presidencia de la Junta de la erosión que, sin duda, se ha venido produciendo en estos últimos meses» por los ERE.

«Es un asunto de gravedad, del que no podemos pasar página con ligereza», admitió, para matizar que «resulta imposible obviar» que la trama de corrupción que investiga Alaya «ha dañado la imagen de la Junta, ha supuesto un grave obstáculo para ejercer la acción política desde la normalidad y, sobre todo, una ofensa gravísima para personas que están pasando privaciones».

Reconoció, asimismo, haber sufrido un «daño personal profundo» con «la utilización de este asunto». Si bien, graduó. ¿Lo que más le ha dolido? El perjuicio a la institución. «Por eso», aseveró, «doy un paso atrás» con el que «sacar a la presidencia de la Junta de un debate que está siendo un obstáculo para luchar contra la crisis». Y ello, a riesgo de parecer «que con la renuncia esté respondiendo con una decisión que parece dar la razón a quien no la tiene», lanzó. Lo que no asumió es ninguna responsabilidad derivada de la causa judicial. Es más,reiteró que «los informes de Intervención no conducían a ninguna actuación de la Consejeríade Economía y Hacienda» –de la que fue titular buena parte de la etapa investigada– y que ese departamento «ha actuado conforme a la total legalidad». Se mostró convencido de que con el tiempo llegará «la reparación que pondrá a cada uno en su sitio» y quedarán en evidencia «muchas mentiras». Falsedades que rehusó detallar al no ser el «momento». Preguntado por su posible imputación en el caso, contestó con otra cuestión: «¿Qué delito?». Y remató: «Es un supuesto que no contemplo en absoluto porque no hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar». Se va quien dice no tener el perfil que «algunos quieren pintar». «Soy quien soy». Griñán «dixit».

Blindaje judicial y más sueldo en el senado

La marcha de Griñán no supondrá su retirada de la política. «Mi escaño –en el Parlamento andaluz– es mío», dejó claro ayer. Sin embargo, su futuro institucional no pasa por la Cámara autonómica sino por el Senado, donde conservará su condición de aforado y, ante una hipotética imputación, sería el Tribunal Supremo –como a José Blanco o Jaume Matas, recientemente– quien le juzgase. Preguntado sobre la lectura de que será nombrado senador por la Comunidad para ser juzgado en el Supremo en el caso de que lo impute la juez Alaya en el «caso de los ERE», sostuvo que ser «el presidente del PSOE, que al mismo tiempo es secretario general de los socialistas andaluces, justifica suficientemente» su presencia en la Cámara territorial. Griñán cobra como presidente de la Junta 59.554 euros al año. Como senador, contará con 14 pagas de 2.813,91 euros y un plus de 21.868,56 euros por ser de fuera de Madrid. En total, 61.263,30 euros, amén de otros privilegios tecnológicos y 3.000 para taxis.