Caso Pujol

Hacienda también cerca a Oleguer Pujol

Oleguer Pujol el jueves, al regresar a su casa tras declarar en comisaría
Oleguer Pujol el jueves, al regresar a su casa tras declarar en comisaríalarazon

Los informes de la Agencia Tributaria sobre posibles delitos fiscales en los siete negocios bajo sospecha serán claves en la investigación judicial al hijo de Pujol.

Tras el minucioso registro practicado el pasado jueves por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía (UDEF) en el domicilio y las empresas de Oleguer Pujol, el hijo menor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, y el consiguiente clonado de toda la documentación informática incautada en la operación, la investigación judicial apunta a dos direcciones. A la espera de que la Policía analice todos los datos recabados sobre las siete operaciones inmobiliarias bajo sospecha en las que participó Oleguer Pujol, cuyo montante se aproxima a los 3.000 millones de euros, el juez de la Audiencia pedirá previsiblemente a la Agencia Tributaria que analice pormenorizadamente esas operaciones para rastrear posibles irregularidades fiscales que apuntalen, en su caso, la supuesta comisión de delitos fiscales. Ese análisis, prevén fuentes jurídicas, podría demorarse semanas dado el volumen de la documentación incautada (que ayer todavía se estaba foliando) y la maraña de ampliaciones de capital, préstamos y participación de sociedades de la supuesta trama que se cruzan en las compraventas por las que al hijo de Jordi Pujol se le imputa por blanqueo y delito fiscal. «El origen del dinero es múltiple y ahora hay que distinguir qué movimientos son legales y cuáles no», aseguran fuentes de la investigación.

Por el momento no se prevé que el juez Pedraz acuerde en los próximos días la práctica de más diligencias, pero cuando el análisis de la información incautada sea suficientemente significativo, el magistrado acordará las correspondientes comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde Oleguer radicó algunas de sus empresas (Luxemburgo, las Antillas Holandesas y Guernsey, principalmente) en busca de indicios de blanqueo.

Análisis pendiente

Del mismo modo, será entonces la hora de que los técnicos de la Agencia Tributaria analicen al detalle las operaciones consideradas opacas por la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellas figura la compra de un hotel en Canarias que costó ocho millones de euros y que pudo utilizarse para blanquear dinero del extranjero, la adquisición de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander por 2.012 millones de euros y la de los terrenos de un antiguo cuartel en Melilla por 15,6 millones, una operación que, tras una recalificación que la UDEF califica de «sospechosa», generó unas plusvalías de 13 millones de euros según los informes policiales. Esta compra vino precedida de una ampliación de capital de 2,3 millones de euros y por otra venta de participación por valor de 1,9 millones.

La Policía sospecha además que el hijo del ex molt honorable se habría servido de la empresa Longshore, en la que figuraba como consejero delegado, para introducir dinero en España procedente de Países Bajos y del paraíso fiscal de Guernsey con el que habría comprado tres inmuebles de Prisa. También genera dudas a los investigadores la adquisición de varios inmuebles en Palma de Mallorca por la sociedad New Positively 21, de la que era administrador. Pero aún más sospechoso es que tras adquirir las participaciones de dicha empresa, éstas se vendieran en poco espacio de tiempo y a un precio mucho más elevado.

Completan las sietes operaciones sospechosas la adquisición de inmuebles a Bankia y la sede del Consejo de la Abogacía. Respecto al primer negocio, la Fiscalía no tiene conocimiento de cómo se llevó a cabo la operación, por lo que se sospecha que pudo costearse con dinero procedentes del extranjero. En cuanto a la segunda, el Ministerio Público no entiende por qué a esa compra por la empresa Step Negocios conllevó la venta de dos inmuebles de la Mutualidad.

Los agentes de la UDEF se llevaron el jueves cinco cajas de documentación del domicilio en Madrid del socio de Oleguer Pujol y de la sede de la empresa Drago, de la que supuestamente se sirvió supuestamente Oleguer para sus operaciones de blanqueo. Esta sociedad figura en varias de las compraventas investigadas, por lo que el análisis de su contabilidad es crucial para desenmarañar esas actuaciones.

Drago capital colabora con la justicia

Drago Capital, una de las empresas de las que supuestamente se sirvió Oleguer Pujol para blanquear dinero, aseguró ayer en un comunicado que colabora «de forma activa con las investigaciones» iniciadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

«Drago Capital confía en la acción de la Justicia y es el principal interesado en que los hechos se esclarezcan definitivamente cuanto antes», señalaban en una nota remitida a Efe después del registro que la Policía realizó en la sede de la empresa en Madrid.

Drago Capital envió, «al tener conocimiento del inicio de actuaciones penales», a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que detallaba la procedencia de los fondos y la identidad de sus beneficiarios. La empresa asegura que «más del 80% del capital proviene de financiación bancaria y el resto de inversores institucionales».

Se sospecha que Oleguer Pujol se valió de Drago Capital para varias operaciones investigadas, entre ellas la compra de oficinas del Banco Santander por un valor de 2.117 millones.