Homs podría ser condenado a prisión por el congreso del odio a España

El Partido Popular de Cataluña (PPC), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Ciutadans (C's) anunciaron ayer una denuncia que va dirigida contra la Generalitat –es su Departamento de Presidencia el organizador– por el simposio «España contra Cataluña». Consideran que «incita al odio» al promover la idea de España como un Estado opresor y va en contra del artículo 510 del Código Penal.

El PPC entregó ayer mismo en la Fiscalía su denuncia, que desgrana el programa de las jornadas e incluye también declaraciones textuales de los responsables del evento estos últimos meses. «De todas estas manifestaciones y actividades se puede desprender una provocación o incitación al odio respecto a personas o entidades», argumenta el PPC.

Antes de presentar la denuncia, el portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, apuntó que el simposio «pisa los sentimientos de la mayoría de los catalanes» y «genera hispanofobia», por lo que, a su juicio, el Govern «dedica recursos económicos a insultar y a fomentar el odio contra el resto de los españoles», informa Efe.

Millo criticó especialmente que los organizadores hayan escogido al historiador Josep Fontana para llevar a cabo el acto de inauguración del foro, ya que «banalizó el nazismo», en su opinión, al publicar un artículo en marzo de 2012 titulado «La deriva nazi del PPC».

Ante las críticas, el conseller de la Presidencia, Francesc Homs, lamentó que el PP denuncie el simposio «académico», al tiempo que «calla» ante situaciones de banalización del nazismo que, en su opinión, se producen al comparar el debate soberanista con los totalitarismos.

Por su parte, UPyD presentó su denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Cataluña contra los organizadores de las jornadas –que se celebran a partir de mañana en Barcelona– por incitar el odio a los españoles, «al diferente», algo que, según la líder de la formación, Rosa Díez, ya se vivió en Europa. «Lo hicieron los nazis y los judíos», llegó a decir.

Díez compareció en rueda de prensa en el Congreso para informar de la presentación de esta denuncia contra un foro que, a su juicio, lo que pretende es «educar en la mentira para pasar al odio». A su juicio, resulta «escandaloso» que una comunidad autónoma como Cataluña, «que no tiene dinero para hospitales, ni para pensiones ni para prestaciones sociales, que no paga a sus proveedores o que tiene a miles de niños malnutridos», sí lo tenga para este tipo de «saraos» en los que, según insistió, se busca educar a los ciudadanos «en el odio y la mentira», informa Ep.

De ahí que su partido, a través de su representante en Cataluña, Ramón de Veciana, se haya decidido a presentar una denuncia en Barcelona al considerar que el mencionado cónclave vulnera el artículo 510 del Código Penal.

Además, Díez apuntó que existe jurisprudencia europea en este sentido que estima que no hace falta incitar a la violencia para que se considere que hay una incitación al odio. En este sentido, avanzó que UPyD también tiene previsto trasladar este asunto a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales porque cree conveniente que Europa conozca cómo el Gobierno de Cataluña está incitando «al odio y a la violencia», algo que los demócratas «no deben consentir» ni ver como «algo normal, porque no lo es».

«Peor que un disparate: peligroso»

El portavoz parlamentario de Ciutadans, Jordi Cañas, anunció asimismo en rueda de prensa que su partido pedirá que la Fiscalía busque si detrás de los contenidos que se tratarán en el foro hay un delito de incitación al odio, porque considera que es «algo peor que un disparate, es peligroso». «Pediremos también que la Fiscalía solicite a los organizadores los textos de las ponencias, porque nos parece gravísimo la idea que trata de llevar del Estado español como un Estado opresor», aseguró Cañas.

Se viola el Art. 510 del Código Penal

Los que provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.