Imputados ocho guardia civiles por los golpes a un inmigrante en la valla de Melilla

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha citado a declarar en calidad de imputados a ocho agentes de la Guardia Civil, por los supuestos golpes propinados a un inmigrante subsaharianos durante un salto a la valla registrado el pasado día 15 de octubre.

Según el auto firmado por el juez Emilio Lamo de Espinosa, al que ha tenido acceso Efe, se cita a declarar a los agentes con objeto de determinar si el empleo de la fuerza realizado ese día “fue o no contrario a derecho”.

La imputación se sustenta en un vídeo grabado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre, en el que se aprecia cómo un inmigrante es “rodeado y golpeado” por un grupo de guardias civiles, que emplean sus defensas.

Para el juez, es necesario determinar si el empleo de la fuerza fue acorde a lo permitido por la ley, ya que, resalta también el auto, en una grabación aportada por la Guardia Civil también se aprecia cómo el inmigrante “parece empuñar un garfio” en la mano derecha.

La intención de Lamo de Espinosa, según apunta, también es la de determinar si alguno de los subsaharianos que saltaron el 15 de octubre la valla pudo haber cometido algún delito de atentado a agentes de la autoridad.

El vídeo presentado por la ONG muestra, además, que varios agentes trasladan en volandas al inmigrante, un joven de origen camerunés, para entregarlo a las autoridades marroquíes.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, entre los agentes citados, que son los que han sido reconocidos en el vídeo, hay miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, así como de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que participaron en el despliegue.

Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 tienen, asimismo, por objeto determinar si la práctica de entregar inmigrantes a las autoridades marroquíes puede ser constitutiva de infracción penal.

Por este motivo, fue citado como imputado el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, que compareció en sede judicial el pasado mes de octubre por un presunto delito de prevaricación.