El desafío independentista
Incertidumbre con la paga extra de los funcionarios catalanes
Se suprimió en 2011 y peligra la de este año. Las partidas soberanistas suman 350 millones
Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat en 2010 y se encontró con la caja vacía. Los compromisos de pago acuciaban y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, diseñó un plan de recortes con los funcionarios en el ojo del huracán. Los empleados de la Generalitat perdieron una de las pagas extras. Con esta medida, gracias a los 164.000 funcionarios, las arcas catalanas se ahorraban 500 millones cada año. El problema es que una medida con carácter excepcional va camino de convertirse en la norma, y ya van tres años sin extra. Mas-Colell deslizó la posibilidad de recuperarla este año siempre y cuando la Generalitat incrementara sus ingresos. En cualquier caso, no planteó suprimir el elevado coste público con el que se financia el soberanismo, un proceso capaz de absorber hasta 350 millones, si se comienza por el elevado gasto que implica una TV3 entregada a la causa y se continúa por el dispendio en acción exterior, subvenciones a entidades (y medios) que comulgan con la consulta y fastos del tricentenario.
La Generalitat, en 2013, fue capaz de ejecutar recortes por valor de 2.273 millones de euros más, hasta dejar el déficit en un 1,96 por ciento del PIB. La mayoría de los recortes, 1.874 millones, se hicieron gracias a una importante disminución del gasto. Es decir, gracias a la paga extra de los funcionarios.
Para este año, tras fracasar en su intento de aplicar un impuesto a los depósitos bancarios, Mas-Colell supeditó la paga extra a obtener mayores ingresos o a conseguir una mayor flexibilización con respecto al déficit que en el ejercicio actual, aunque ya ha advertido de que tampoco lo cumplirá (1 por ciento del PIB). Sin embargo, al conseller no le salen las cuentas. De los 2.320 millones previstos en los presupuestos, apenas ha conseguido 69,2 millones, el 2,9 por ciento. La Generalitat, tras privatizar Aguas Ter-Llobregat y Tabasa en 2013, está negociando la adjudicación de varios activos hídricos por valor de 700 u 800 millones. Muy lejos, aun así, de sus objetivos. La otra salida que le queda a la Generalitat es negociar con el Gobierno algún tipo de transferencia. De hecho, en el documento de 23 cláusulas que Artur Mas entregó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incluía alguna mención al respecto.
Pero aún hay más. Si la paga extra de 2014 no está asegurada, tampoco lo está la del año que viene. Mas-Colell, en cualquier caso, mantiene su ambigüedad al respecto. «La ecuación presupuestaria del año que viene soólo es factible si disminuye el gasto público de la Generalitat o aumenta sustancialmente el dinero que el Estado debería transmitir de lo que pagamos –los catalanes–», señaló.
Mas-Colell lamenta que de cara al 2015, Cataluña sólo recibirá del Gobierno el 20 por ciento de lo que necesita para mantener el gasto en Educación, Sanidad y servicios sociales, un cálculo que obtiene de sumar los 140 millones extras por financiación autonómica y los 700 por rebaja de intereses. El Gobierno anunció este verano que rebajaba los tipos de interés del Fondo de Liquidez Autonómica al 1 por ciento, lo que permitiría a Cataluña ahorrarse esos 700 millones. Para el conseller, esta cifra «no se aproxima en absoluto» a los requerimientos del Govern, que se ha marcado como objetivo para el 2015 mantener el gasto social y devolver la paga extra a los funcionarios.
Elecciones
Sin embargo, una nueva derivada podría devolver la paga extra a los funcionarios. La Generalitat tiene previsto celebrar la consulta independentista el 9 de noviembre: si el Tribunal Constitucional la prohibiese, Mas presumiblemente convocaría elecciones anticipadas. Es decir, en lugar de celebrarse en 2016 serían en primavera del año que viene. Y con elecciones a la vista, CiU se vería obligada a tener un gesto con un colectivo que, al fin y al cabo, es un caladero de votos para los convergentes.
Desde UGT, sin embargo, no lo ven de la misma manera. Desde el sindicato consideran que la Generalitat «ya no tiene excusas» para abonar la paga extra de este año y del próximo tras la rebaja del FLA.
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