Interior y la Audiencia investigarán si hay delitos contra altos organismos de la nación

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, apeló ayer al «sentido común» de los que el próximo jueves van a manifestarse una vez más cercando el Congreso de los Diputados. Tras conocerse la posibilidad de que algunos de los manifestantes lo hagan con antorchas y siguiendo los patrones de un manual de guerrilla urbana, el ministro del Interior aseguró que el deber de las Fuerzas de Seguridad del Estado es «hacerles frente» e indicó que están preparados los «dispositivos adecuados» y los efectivos a nivel de información dispuestos para que las amenazas no se produzcan. Además, advirtió de que disponen de la información pertinente y están en «contacto con la Audiencia Nacional» por si pudieran cometerse delitos que pudieran ser catalogados contra los altos organismos.

Fernández, que impuso ayer la medalla con distintivo rojo al sargento Juan Celestino Pinto, miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, por salvar la vida de un hombre en el túnel del perdón de Navarra, también se refirió a la lucha antiterrorista tras firmar un convenio con el Gobierno de La Rioja para la creación del mayor polígono de alto rendimiento para fuerzas especiales de la Guardia Civil que tratará de ser la excelencia de la lucha contra el terrorismo en toda Europa y en el que podrán formarse miembros nacionales como internacionales.

Fernández aseguró que la ETA que «hemos padecido el conjunto de los españoles» ya no volverá, al tiempo que señaló que la posición política del Gobierno, desde que la banda anunció, el 20 de octubre de 2011, su cese de la actividad terrorista, «es clara», ya que «al dejar de actuar le debe acompañar el dejar de ser, es decir, su disolución». Aún así, el Gobierno no baja la guardia ni está en tregua, según el ministro del Interior, quien añadió que trabaja para que, «por las buenas o por las malas», ETA asuma que ese cese de actividad debe conllevar la entrega del material que tiene para realizar atentados y su disolución.

El titular de interior indicó que «si (ETA) espera que ese tránsito del dejar de actuar a la disolución puede ser como consecuencia de una negociación política con el Gobierno, es evidente que puede ir olvidándose, si es que todavía no se ha olvidado de eso». En cuanto a las investigaciones de la Guardia Civil sobre si partidos como Sortu y Bildu están financiando a miembros de ETA, el ministro afirmó que, «cuando una organización política es legalizada, no significa, en absoluto, que tenga impunidad». «Una organización en la medida que está legalizada puede actuar libremente en el marco de la Ley, y con plena sujeción a la Ley», pero «no tiene impunidad ni patente de corso para saltarse las leyes», añadió, informa Ep.