Investigan al líder de Acaip por desviar fondos de subvenciones públicas

Creó asociaciones que recibieron ayudas de más de 2,3 millones siendo alcalde de Trabanca. No ha podido explicar en qué ha invertido el dinero de las subvenciones que solicitaba

El Juzgado de Instrucción de Vitigudino (Salamanca) tiene dos causas abiertas contra el presidente en funciones de Acaip –el sindicato mayoritario de prisiones–, José Luis Pascual Criado. Se trata de los procedimientos abreviados 770/2014, por «infidelidad de custodia en documentos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios» y el procedimiento 691/2014, ante el mismo órgano judicial, por malversación de caudales públicos mientras era alcalde de Trabanca, un municipio de apenas 200 habitantes de la provincia de Salamanca. Pascual fue primer edil de esta localidad desde 1999 hasta el año 2011 e investigan el posible trapicheo con subvenciones públicas y la relación entre el Consistorio y las asociaciones y empresas de las que participa, que manejan cifras millonarias, como adelantó ayer este diario. Los posibles delitos, denunciados por la Fiscalía y con soporte documental, al que ha tenido acceso este diario, sugieren un modo de proceder de Pascual Criado opaco y arbitrario sobre la gestión de los fondos del Ayuntamiento.

Nada más tomar el bastón de mando del pequeño municipio salmantino, lo primero que resuelve Pascual es eliminar al órgano fiscalizador y convoca un concurso para colocar a un nuevo interventor. Casualmente, la plaza la acaba ocupando una nueva trabajadora, Sonia Fernández, que acabaría siendo la esposa de Pascual Criado. Una vez «engrasado» el Ayuntamiento, el nuevo alcalde toma dos decisiones principales. La primera es crear organismos autónomos para la gestión de proyectos concretos del Ayuntamiento. Se trata de entes administrativos con personalidad jurídica y son el vínculo mediante el cual el primer edil podría haber dejado en mínimos los fondos del Ayuntamiento. De forma complementaria, crea asociaciones controladas por él mismo para que puedan ser beneficiarias de ayudas públicas.

La segunda decisión importante y posiblemente fraudulenta es la de solicitar desde el Ayuntamiento numerosas subvenciones para la financiación de estos organismos autónomos y asociaciones. Por ejemplo, la Asociación Juvenil Arribes del Duero, la Asociación Deportiva Arribes Natura o la asociación Vinduero-Vindouro, que tienen objetos sociales y tareas financiables a través de subvenciones dado la naturaleza de su objeto social o fin para el que han sido creados.

Una vez creados esos organismos, el alcalde solicitaba cualquier tipo de subvención a la que pudiera optar, ya viniera de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Central o de Europa, como los fondos Feder. Según la documentación que ya obra en manos de la Justicia, era muy habitual que se la concediesen precisamente porque las asociaciones creadas por él –probablemente ad hoc de estas suculentas ayudas– reunían todos los requisitos para ello. Así, una vez que contaba con el «ok» de la entidad pública que fuera a suministrar el dinero, el consistorio dirigido por él, solicitaba un anticipo del 75 por ciento de la subvención. Después, Pascual solía proceder de dos formas: renunciaba a la subvención una vez cobrada (y no llegaba nunca a devolverla) o, finalmente, resolvían que no reunía los requisitos y se la retiraban. Ya le habían dado el anticipo, no obstante, pero éste nunca lo retornaba. Así, el Ayuntamiento seguiría debiendo todo el dinero de estas subvenciones concedidas porque, básicamente, no pueden acreditar los proyectos. El importe total de los ingresos recibidos por los organismos autónomos y asociaciones que él controlaba entre los años 2005 y 2010 asciende a la cantidad de 2.376.619,20 euros.

Una de las subvenciones supuestamente fraudulentas y que la Junta de Castilla y León reclamó al posterior equipo de Gobierno fue una ayuda pública de en torno a los 100.000 euros que recibió para una «primera fase» de un hipotético Museo del Vino que, a día de hoy, no existe.

También llama la atención que justo en el que fuera su último Pleno como alcalde, en 2011, se adjudica para la asociación de la que es director general, AECT Duero-Douro, uno de los edificios de propiedad municipal durante 30 años y a coste cero. Parece que esta agrupación es la «joya de la corona», ya que recibe de fondos europeos un presupuesto de 4,9 millones de euros. Del consistorio se va dejando cerca del millón y medio de deuda, posiblemente por esta forma de «vaciar» las arcas públicas.

Pascual podría haber tratado de dificultar la investigación de todo este presunto desfalco borrando documentación de los ordenadores municipales, una forma de actuar cuanto menos sospechosa ya que se tratan de cuentas oficiales de un ayuntamiento. Esta presunta destrucción de pruebas (el siguiente equipo de Gobierno denunció no hallar «documentación contable anterior a la anualidad de 2006 en las dependencias municipales») es la que habría motivado la apertura de una investigación en el Juzgado de Instrucción de Vitigudino por «infidelidad de custodia en documentos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios». También ha sido denunciado porque, a pesar de estar siendo investigado por este motivo, habría entrado en dependencias municipales y podría haber destruido alguna prueba.