Jueces de la Audiencia ven inaceptable que el Rey goce de mayor protección al honor

El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y otros tres magistrados del tribunal consideran que «no puede aceptarse una mayor protección penal del honor de los miembros de la Casa Real». Los cuatro jueces discrepan, en un voto particular, de la resolución del Pleno de la Sala que confirma la sentencia que condena al ex coronel Amadeo Martínez Inglés a pagar una multa de 6.480 euros por un delito de injurias graves a la Corona a cuenta de un artículo en el que se refería a Don Juan Carlos como «el último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes». Para Grande-Marlaska y los magistrados Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Guillermo Ruiz Polanco ese artículo, publicado en el diario digital Canarias-Semanal, «estaba amparado por el ejercicio del derecho a la libre expresión, luego no era antijurídico desde la perspectiva del delito de injurias al Rey».

Los jueces discrepantes esgrimen jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para defender que Martínez Inglés, al intervenir en un «debate público de interés general, como es el caso del cuestionamiento de la legitimidad del jefe del Estado y de la forma de gobierno, está autorizado a recurrir a ciertas dosis de exageración o provocación, incluso a mostrarse un poco inmoderado».

Sus compañeros, sin embargo, discrepan de esta apreciación y defienden que los insultos vertidos por el ex militar se refieren a la dinastía borbónica sólo «como una forma de estilo o recurso», pues el verdadero destinatario es «la persona del actual Rey de España». La Sala concluye que el artículo no puede estar amparado por la libertad de expresión, pues los calificativos que contiene, «ya literalmente injuriosos, atacan el honor de Don Juan Carlos y consecuentemente a la Corona por él encarnada, al incidir en el núcleo duro de su personalidad», algo que considera «innecesario para ejercer la crítica político-histórica». En esa misma línea, el juez José María Vázquez Honrubia sostenía en la sentencia ahora confirmada que «para manifestar el rechazo a la Monarquía no es necesario vilipendiar al Rey hasta la desmesura de llamarle, entre otras cosas, cabrón, putero y borracho».

Sin embargo, Grande-Marlaska y el resto de jueces discrepantes mantienen que se trata «de un ejercicio de crítica política dirigido a la primera autoridad del Estado». En su voto particular aseguran que «es evidente la peligrosidad que para las libertades relacionadas con la palabra, la expresión de ideas y pensamientos representa el tipo de injurias que protege a las personas que encarnan las magistraturas del Estado».«Cuando se afronta el prestigio de cargos del máximo nivel, principalmente hereditarios y no electivos –afirman– hay que plantearse, desde los valores de una sociedad democrática, si se puede proteger penalmente el honor».

Estos magistrados se muestran partidarios de que «cuanto más arriba en la pirámide de poder» es deseable un «mayor sometimiento al control, el escrutinio y la crítica pública».