Jueces, lengua y hacienda propia, contrapartidas del Estatut

Los socialistas negociarían con la Generalitat incluir en leyes orgánicas estas cuestiones.

El nuevo gobierno del PSOE ha ofrecido a Cataluña una negociación en tres etapas para tratar de desatascar el conflicto territorial y lograr un pacto con la Generalitat que contente a los independentistas. Una estrategia que, de salir bien, reforzaría el papel institucional de los socialistas e impulsaría su candidatura para las próximas elecciones. En concreto, Sánchez ha puesto encima de la mesa la posibilidad de aceptar las 45 demandas que Carles Puigdemont pidió a Mariano Rajoy hace dos años –centradas en inversiones e infraestructuras– y devolver al Parlament las leyes sociales recurridas por el PP en la pasada legislatura. En segundo término, propone una solución más global –y especialmente difícil– como es la reforma de la Constitución en clave federal, inviable sin el apoyo del PP. Y, por último, ofrece recuperar y legalizar algunos de los puntos del Estatut tumbados por el TC, una iniciativa que nace en gran parte del PSC. ¿Qué implicaría eso para Cataluña? Blindar la lengua, poder contar con un poder judicial propio, tener capacidad para fijar y regular tributos y renovar el sistema de financiación.Veamos.

CATALUÑA COMO NACIÓN

Es el aspecto que más irritó en el seno del catalanismo progresista y del nacionalismo. La sentencia del Tribunal Constitucional mantuvo el término «nación» en el preámbulo del Estatut, aunque dejando claro que no tenía ninguna validez jurídica al entrar en colisión con «la indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución». Este debate ha dividido a los propios socialistas a lo largo de estos años. En el discurso de la moción de censura, Pedro Sánchez aseguró al respecto: «Defiendo que España es una nación, y dentro de la nación española hay territorios que se sienten también nación». Los socialistas también se abren a explorar otras vías como elevar el rango del Estatut antes de iniciar una reforma federal.

USO PREFERENTE DEL CATALÁN

Otro de los puntos más conflictivos. El Tribunal Constitucional anuló «el uso preferente» del catalán por parte de las administraciones y de los medios de comunicación públicos –TV3 y Catalunya Ràdio– al considerar que no podía prevalecer por encima del castellano, un «deber constitucional». Sin embargo, la sentencia sí blindó el modelo de inmersión lingüística de las escuelas, donde el catalán es vehicular. En este sentido, el socialismo propone impulsar una Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, una posibilidad que Miquel Iceta ofreció a Puigdemont en octubre, a cuatro días de la declaración simbólica de independencia aprobada por el Parlament y en el punto álgido de la escalada de tensión con el Estado. El último precedente es la proposición de ley que la propia Meritxell Batet registró el año pasado en el Congreso para potenciar el uso de las lenguas cooficiales en España.

CONSEJO DE JUSTICIA

El Estatut de 2006 incluía la creación de un órgano judicial independiente y «desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial de España, tumbado en su totalidad por el Tribunal Constitucional. El plan era que estuviera al frente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y lo integrasen miembros designados por el Parlament de entre jueces, fiscales y juristas de prestigio. En concreto, la sentencia habló de «impropiedad constitucional». Es decir, no es que el organismo fuera inconstitucional, aunque sí detectó un «evidente exceso» y lo vació de atribuciones al prevalecer. «El marco legislativo no lo preveía», explican desde el PSC. De hecho, los socialistas ya se mostraron dispuestos a a realizar cambios legislativos y regular el poder judicial catalán a través de una ley orgánica, una posible solución que ahora recuperarían.

REGULAR TRIBUTOS

Cataluña se reservó la competencia financiera de «establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales», un artículo que el Alto Tribunal tumbó al ser potestad «exclusiva y excluyente» del Estado. Sobre financiación, la sentencia también anuló el artículo 206.3, que establecía que la Generalitat aportaría «recursos financieros para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas (...), siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» al entender que vulneraba «la autonomía financiera del resto de las comunidades autónomas». Ahora, la receta del PSOE pasa por un cambio del sistema de financiación para avanzar hacia la vía federal. En este sentido, una de las primeras peticiones que Meritxell Batet ha hecho a Quim Torra es que acuda a la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno del PSOE también se abre a reconsiderar el consorcio de la Agencia Tributaria, un organismo que preveía el Estatut y que permetiría al Estado y la Generalitat compartir la gestión de todos los impuestos. En cuanto a las inversiones, los socialistas ya se han mostrado dispuestos a negociar infraestructuras como el Corredor del Mediterráneo o a estudiar la controvertida disposición adicional tercera del Estatut, que cifra en 700 millones las inversiones en Cataluña.

CONTROL LEGISLATIVO

También fueron anulados del Estatut dos artículos que blindaban las competencias del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) y del Consejo de Garantias Estatutarias. El primero pretendía tener carácter «exclusivo» sobre el control de la Generalitat, mientras que el segundo quería emitir informes de «carácter vinculante» sobre las leyes que impulsara el Parlament. En la actualidad, su función es meramente consultiva. Por ejemplo, rechazó la reciente ley para investir a Puigdemont a distancia.