Justicia reclama información sobre casos de abusos sexuales a menores por religiosos

Delgado quiere contar con esos datos para abordar la reforma legal de estos delitos en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado hoy por escrito a la Fiscalía General del Estado que le informe de las investigaciones en curso en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. En su petición, Delgado hace referencia a que en los últimos meses los medios de comunicación han divulgado numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidas en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y "a la protección de los victimarios", unas información que, según Justicia, han generado "una importante alarma social"y "una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno".

Justicia ampara esta solicitud en el artículo 9,2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que la fiscal general del Estado “informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.

Justicia quiere contar con esos datos para abordar la reforma legal de las agresiones y abusos sexuales cometidos a menores en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, “cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”. Con esta modificación, entre otras cosas, se pretende modificar el régimen de prescripción de estos delitos, para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18, como sucede actualmente.

Según asegura el Ministerio de Justicia en un comunicado, Delgado justifica esos cambios por los "efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta". También señala que su objetivo es "garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar".