La Abogacía consuma el «gesto»: acusará por sedición

Tras las presiones del Gobierno de Sánchez no imputará rebelión a los líderes del «procés». Se desmarca de la Fiscalía General del Estado.

El independentismo tendrá el gesto que reclamaba al Gobierno de Pedro Sánchez. La Abogacía del Estado no acusará finalmente de rebelión a los líderes del «procés», a los que sí imputará los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, que llevan aparejadas penas de menor gravedad (mientras la rebelión está castigada con una pena de hasta 30 años de prisión, la sedición alcanza un máximo de 15 años de cárcel y la malversación agravada, de ocho).

En su escrito de calificación provisional, que se dará a conocer hoy, los Servicios Jurídicos del Estado, dependientes del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado, descartarán previsiblemente, según las fuentes consultadas por este periódico, que en el proceso soberanista se produjese el alzamiento violento que requiere la comisión del delito de rebelión, desmarcándose así de la Fiscalía, que sí mantendrá su acusación por ese delito contra los principales responsables del desafío independentista a la espera de lo que suceda en el juicio. Por contra, defenderán que algunos de los procesados pudieron cometer un delito de sedición, que no requiere episodios violentos y sí un alzamiento «público y tumultuario».

La decisión de la Abogacía del Estado se produce días después de que el presidente del Ejecutivo y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pusiesen en duda que los hechos que llevaron a la declaración unilateral de independencia de Cataluña por el Parlament el 27 de octubre del pasado año pudieran encajarse en el delito de rebelión, y en plena negociación del Gobierno para conseguir los apoyos necesarios, independentistas incluidos, para la aprobación de sus presupuestos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, llegó a visitar recientemente a Oriol Junqueras en prisión para recabar su respaldo a las cuentas públicas, pero el ex vicepresidente de la Generalitat puso sobre la mesa la situación de los políticos presos y pidió expresamente un gesto al Gobierno socialista.

El artículo 544 del Código Penal establece que «son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Las penas previstas oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para quienes hayan inducido, sostenido o dirigido la sedición, pero se sitúan entre diez y 15 años de prisión si sus autores son autoridades públicas, como sucede en este caso, pues los principales responsables del «procés» formaban parte del Gobierno de la Generalitat o, como el caso de Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament.

El Gobierno consuma así la maniobra que lleva días gestando para marcar el paso a la Fiscalía y que suavice la acusación a los líderes del «procés», un «gesto» para poder sumar el apoyo de ERC y el PDeCAT a los Presupuestos. A la decisión final de la Abogacía del Estado se suman los sucesivos guiños que desde el Ejecutivo se han ido registrando estas últimas semanas cuestionando abiertamente que el delito de rebelión fuera aplicable a los políticos catalanes. En su etapa como líder de la oposición, Pedro Sánchez ya defendió que se debía «adecuar» este tipo penal, porque tal como estaba redactado actualmente –enfocado al ámbito militar– no se correspondía, según él, con los hechos que se vivieron en Cataluña durante 2017. Entonces, deslizó esta advertencia con el ánimo de endurecer el Código Penal, en plena pugna con Ciudadanos por marcar la agenda política catalana. Ahora, el presidente del Gobierno –en un hecho insólito– lo utiliza para dejar patente la posición del Ejecutivo en un procedimiento judicial en curso. Este movimiento de Moncloa supone además un importante paso atrás en su pretendida imparcialidad respecto al Poder Judicial.

El gesto del Gobierno causa satisfacción en los partidos soberanistas que reconocen la disposición de Moncloa, que también ha dejado la puerta abierta a los indultos a los líderes del «procés». El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ya dio «la bienvenida» a esta reflexión que recoge, dijo, «lo que hace tiempo que nosotros estamos diciendo, que no hay delito de rebelión». Menos complaciente se mostró el portavoz de ERC, Joan Tardá, que sigue defendiendo que «no hay causa». «Sólo cabe en nuestra mentalidad que se retiren las acusaciones, que esas personas estén en la calle y que sean absueltas», zanjó. Esta presión a la Fiscalía, a través de las declaraciones y de la mano de la Abogacía del Estado, supone un paso más en la estrategia del Ejecutivo para granjearse el apoyo soberanista a los presupuestos. A priori, el Gobierno solo necesita los votos de ERC, porque le basta con cosechar más síes que los noes de PP y Ciudadanos (169). El tono con los republicanos es más fluido que con el PDeCAT, por lo que cunde el optimismo en Moncloa por conseguir sus votos.