La arquitecta imputada asegura que Crespo propuso a Petrov patrocinar clubes

La arquitecta Pilar Gimeno, que permanece en prisión por el "caso Clotilde", ha asegurado hoy ante la juez que el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y diputado de CiU en el Parlament Xavier Crespo fue quien propuso al presunto mafioso Andrei Petrov que patrocinara los clubes de hockey y fútbol locales.

Gimeno, así como el exteniente de alcalde de Lloret de Mar y exconcejal de Urbanismo Josep Valls, han declarado hoy como imputados durante cerca de seis horas ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la presunta vinculación de Crespo con una trama relacionada con la mafia rusa.

En su declaración, la arquitecta Pilar Gimeno, amiga de Crespo y que trabajaba para Petrov, ha asegurado que fue el exalcalde quien propuso al supuesto mafioso el patrocinio de los clubes, que la Fiscalía sospecha que pudo servir para enmascarar un desvío de fondos en beneficio del diputado de CiU y también de Valls.

La declaración de la arquitecta imputada contrasta con la que hace apenas quince días prestó ante la juez instructora el propio Xavier Crespo, que aseguró que era el mafioso ruso quien se ofreció a patrocinar los clubes de hockey y fútbol de la población para integrarse en la sociedad local y, de esa forma, promover sus negocios.

La imputada ha añadido que no tuvo ninguna intervención en la negociación del patrocinio de los clubes de Lloret y se ha desvinculado de la conversación telefónica intervenida en la que la esposa de Crespo le reclamaba una aportación comprometida por Petrov, asegurando que ella no sabía nada de esos pagos.

Antes de Gimeno, ha prestado declaración ante la juez el exteniente de alcalde de CiU Josep Valls, que según los investigadores fue quien relevó a Crespo en las negociaciones con el mafioso ruso una vez el diputado abandonó la alcaldía.

Valls ha negado que el Ayuntamiento diera un trato de favor a los proyectos de Petrov y ha defendido la legalidad de los acuerdos firmados con él para la construcción de un centro comercial en la plaza de toros del municipio, en la que el consistorio aplicó una bonificación del 50% en el pago de impuestos.

En opinión de Valls, esa bonificación se aplicó al proyecto de Petrov porque se trataba de una obra de interés general para la población, lo que está previsto en las ordenanzas municipales.

De hecho, Pilar Gimeno ha afirmado que fueron los propios servicios técnicos del Ayuntamiento de Lloret, y no directamente Crespo o Valls, los que sugirieron la posibilidad legal de esa bonificación.

El exteniente de alcalde, que sigue conservando su acta de concejal pese a abandonar su responsabilidad en el equipo de gobierno a raíz de su detención por el "caso Clotilde", ha esquivado a la prensa tanto a la entrada como a la salida de su declaración, pese a la insistencia de los periodistas por conocer sus impresiones sobre el interrogatorio prestado.

La maratoniana tarde de declaraciones ha incluido un encontronazo entre el fiscal Anticorrupción José Grinda y Manuel González Peeters, abogado de Valls, al que el representante del ministerio público ha pedido que se le intervinieran los documentos que llevaba en la mano y que ha ido consultando durante su declaración.

Contra la opinión del abogado de la defensa, que se ha comprometido a aportar posteriormente esos documentos con información municipal de interés para la causa, el fiscal ha pedido su intervención invocando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que el juez instructor podrá ordenar requisar las armas, efectos u otros objetos relacionados con el delito cuando estén en manos del reo.

La magistrada, sin embargo, ha denegado la intervención inmediata de esos documentos solicitada por el fiscal, en una situación que se ha zanjado cuando el abogado defensor se ha hecho con los discutidos papeles, ya que el precepto invocado no es de aplicación para un letrado.