La Audiencia admite a trámite las recusaciones a López y Espejel en el «caso Bárcenas»

Los magistrados Carmen Lamela y Juan Francisco Martel ha acordado la admisión a trámite de las recusaciones planteadas para evitar que sus compañeros Concepción Espejel y Enrique López juzguen el caso Bárcenas sobre la caja B del PP por afinidad ideológica con ese partido.

En sendos escritos, que aún no entran en dirimir si hay o no objeto de recusación (fundamentalmente si hay pérdida de imparcialidad), los dos instructores acuerdan solicitar la misma prueba que ya fue aprobada en los expedientes de recusación contra López y Espejel para que sean apartados del tribunal que debe juzgar el caso Gürtel. Informa Efe.

Por ello, se limitan a dirigirse a la Sala de lo Penal para que incorpore en estos nuevos expedientes la documentación, ya aportada en el caso Gürtel, de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), del PP, relativa a los certificados de las mesas redondas, cursos o conferencias en los que hayan participado los dos recusados y las cantidades percibidas por ello.

Al igual que ya sucediera en las recusaciones de Gürtel, Lamela y Martel rechazan tomar declaración a la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, y al exministro Federico Trillo, al haber explicado ya ambos recusados en sus respectivos informes oponiéndose a la recusación la relación que hayan podido tener con ellos.

Martel por su parte también se opone a pedir certificación de la asistencia de la exministra Ana Mato al Consejo de Ministros en el que se nombró a Enrique López magistrado del Tribunal Constitucional, cargo del que dimitió tras un incidente de tráfico, y lo mismo dice con respecto a la votación que hizo el extesorero del PP Álvaro Lapuerta como parlamentario para su nombramiento como vocal del CGPJ.

Tampoco ve necesario Martel pedir al PP certificado de determinados artículos periodísticos publicados en ciertos medios o por internet, "ante la innecesariedad e inutilidad de dicha documentación a los efectos aquí examinados".

Los dos escritos de los instructores se elevan ahora a la Sala de lo Penal, y una vez recibido el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el fondo de la recusación, se nombrará un nuevo instructor para que decida si hay visos de falta imparcialidad, lo que será debatido ante el pleno de la Sala de lo Penal.

Esta es la segunda recusación a la que ambos deben enfrentarse, ya que también están recusados para que sean apartados del tribunal que debe juzgar el caso Gürtel Época I (1999-2005) con el mismo argumento, su supuesta afinidad ideológica con el PP.

En el caso Gürtel, las recusaciones han sido ya admitidas a trámite por sus respectivos instructores -Javier Martínez Lázaro y Carmen Paloma González- y ahora, antes de que la Sala de lo Penal resuelva el incidente, la Fiscalía tiene que informar en sobre el fondo del asunto: si hay apariencia de falta de imparcialidad.

Hasta el momento, Anticorrupción ha considerado en ambos casos que no son "de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes", la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), Observatori Desc, IU y PSOE.

En el caso de López, la recusación se basa en su supuesto vínculo con el PP por su participación en cursos impartidos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), financiada por el partido, y en actos del mismo, así como en la publicación de artículos que consideran elogiosos o afines a su ideología.

También por la forma en que se acordaron sus nombramientos como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y como magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta y a instancias del PP, además de "la existencia de una relación de parentesco con una persona vinculada a un imputado en el procedimiento".

Sobre Espejel, que también fue nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PP, las acusaciones alegan su afinidad con el PP basándose en el discurso de la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, con motivo de la imposición a la magistrada de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.