La Audiencia balear revoca la fianza de 500.000 euros impuesta a Matas

La Audiencia Provincial de Baleares ha dejado sin efecto la fianza carcelaria de 500.000 euros que pesa sobre el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, cantidad a la que ya fue anteriormente reducida la caución de tres millones de euros que el juez instructor de la causa, José Castro, le impuso en marzo de 2010 por riesgo de fuga.

Así lo ha acordado mediante un auto el tribunal de la Sección Primera, después de que la defensa del exmandatario autonómico solicitase la revocación de las medidas cautelares acordadas en su día contra su patrocinado. En concreto, la retirada de la fianza se ha producido dentro de la pieza 2 del caso, en el marco de la cual el Tribunal Supremo redujo a nueve meses de cárcel la pena a la que Matas fue condenado por la Audiencia.

No obstante, el imputado continuará teniendo retirado su pasaporte

y seguirá teniendo prohibido salir del territorio nacional, medidas que pesan sobre él en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena y que, por tanto, continúan vigentes.

En su resolución, el tribunal alega que, después de que el TS se pronunciase sobre la condena de la pieza 2 -relativa a la contratación irregular del periodista que redactaba los discursos del expresidente-, ninguna acusación ha mantenido la petición de privación de libertad contra Matas -sea o no bajo fianza-, por lo que "necesariamente procede dejarla sin efecto".

Fue tras tomarle declaración durante dos días cuando el juez Castro decretó la fianza de tres millones de euros para el exministro dentro del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007), considerada infraestructura 'estrella' de la segunda legislatura del exmandatario (2003-2007).

Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su primera declaración ante el juez manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como 'palacete', y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.

Mientras tanto, el magistrado también decretó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para Matas por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, quien percibió 1,2 millones de euros del Gobierno balear para la elaboración del anteproyecto de la ópera de Palma, cuya construcción finalmente no se llevó a cabo.

Dentro de la misma causa, dividida en un total de 27 piezas separadas, el juez Castro investiga el presunto desvío de fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana por parte del Instituto Nóos, presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, mientras que también indaga la trama de financiación supuestamente ilegal del PP balear en la que se considera la ramificación de la trama G~rtel en las islas.

El expresidente se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados el próximo 2 de diciembre para ser juzgado, también dentro del caso Palma Arena, por un presunto delito de cohecho a raíz de la contratación supuestamente irregular de su mujer por parte de un hotelero balear dirigida a encubrir la dádiva de 42.111 euros que el empresario habría entregado al exministro como regalo.

En concreto, la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal (cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que solicita para él una pena de 900 euros de multa así como el comiso de los 42.111 euros cobrados por su esposa, Maite Areal.