La Audiencia de Palma prevé decidir sobre la Infanta a mediados de febrero

La citación de la Infanta Cristina como imputada en el «caso Nóos» está de nuevo en manos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Como sucedió el pasado mayo, tres magistrados –dos de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Diego Gómez-Reino y Juan Jiménez Vidal, y una de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Mónica de la Serna– serán los encargados de resolver el recurso de la defensa de la Infanta (y el más que previsible de la Fiscalía) contra la decisión del juez José Castro de citarla como imputada por delito fiscal y blanqueo el próximo 8 de marzo.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes próximas a la Sala, los magistrados esperan recibir el recurso «antes de final de mes» (incluso en el caso de que se interponga un recurso previo de reforma ante el propio Castro) para poder tener lista su resolución –que determinará si la Infanta debe o no comparecer ante el juez como imputada– «en la primera quincena de febrero».

«Están esperando que les llegue cuanto antes –aseguran esas mismas fuentes– porque tienen muchos juicios por delante y antes de resolver tendrán que leerse los informes de la Agencia Tributaria posteriores al auto del pasado 7 de mayo, en el que esta misma Sala instó al juez a investigar un posible delito fiscal y de blanqueo por parte de Doña Cristina tras descartar que la hija del Rey cometiera prevaricación. En aquella ocasión, la Sección Segunda consideró los indicios esgrimidos por el juez Castro para imputar a Doña Cristina «débiles, inconsistentes y equívocos». Ahora, el instructor del «caso Nóos» deberá someterse nueve meses después a idéntica «prueba del algodón», también con la hija del Rey como protagonista.

«Están tranquilos»

Ese día, estos mismos tres magistrados dejaron sin efecto la imputación de la Infanta acordada por Castro por dos votos a favor (los del presidente de la sección, Gómez-Reino, y De la Serna) y uno en contra, el de Jiménez Vidal, un magistrado a quien en la propia Audiencia se define como «muy de izquierdas».

La ventaja, en esta ocasión, es que los tres magistrados «están ya instruidos sobre el caso». «Están tranquilos, incluso más que la otra vez», recalcan las fuentes consultadas, que reconocen no obstante que sí se encuentran «un poco apurados por la premura de tiempo» dada la considerable cantidad de trabajo con la que carga la sección (la creación de una tercera sección en la Audiencia de Palma es una vieja reivindicación que sigue sin respuesta). «La agenda de juicios de los próximos meses es infernal», recalcan.

Cabe incluso la posibilidad de que la Sala acuerde la celebración de una vista donde la defensa de la Infanta podría exponer sus argumentos en contra de la imputación. «No se ha decidido aún –admiten–, pero si consideran que es más práctico escuchar de viva voz los diferentes argumentos de las partes podría acordarse cuando el recurso llegue a la Sala».

En lo que sí coinciden las fuentes consultadas es en que los tres magistrados no sucumbirán a presión alguna. «La otra vez no hubo presiones y no se levantó un teléfono. En absoluto se sintieron presionados al adoptar su decisión».

La Sección Segunda está integrada, además, por los magistrados Carmen Ordóñez, Leonor Moya y Hugo Ortega, pero ninguno tiene posibilidades de integrar la Sala, pues existe un criterio muy asentado que excluye a jueces sustitutos (Ordóñez) y de refuerzo (Moya y Ortega, quienes se encuentran en comisión de servicios) de la posibilidad de integrar el tribunal en casos «de especial complejidad».

La ponencia, en el aire

Si queda por dilucidar, sin embargo, quién será el ponente de la resolución. Quien más papeletas tiene para ser el encargado de redactar el fallo es Gómez-Reino. Y es que la ponencia se adjudica por reparto, pero si recae en algún magistrado que no integra el tribunal automáticamente pasa al presidente de la Sala, en este caso Gómez-Reino, que ya fue el ponente de la resolución que «tumbó» la anterior imputación de la Infanta en mayo pasado.

La Audiencia de Palma concluyó entonces que no había «indicios vehementes» de que la Infanta conociera o «participara activa u omisivamente» de los planes supuestamente urdidos por Iñaki Urdangarín y Diego Torres para «apropiarse ilícitamente de fondos públicos».