La Audiencia Nacional podría abrir diligencias a UGT por los cursos de formación

Si finalmente la Audiencia Nacional asume la investigación de las supuestas irregularidades en los cursos de formación de UGT (pendiente de que se pronuncie al respecto la Fiscalía), el sindicato tendrá que aportar previsiblemente al juez Santiago Pedraz abundante documentación referente a esas actividades formativas de las que, según la querella presentada por Manos Limpias, se habría servido UGT para financiarse de forma soterrada. De hecho, la asociación denunciante ya incluye en su querella la petición de que se acuerden varias diligencias de prueba para intentar esclarecer los hechos.

Manos Limpias solicita a la Audiencia Nacional que se realice una auditoría alInstituto para la Formación yEstudios Sociales (IFES), creado por UGT y que en 2012 recibió más de 48 millones de euros para realizar su actividad.Según la denuncia, el IFES formaría parte de un«entramado societario opaco», en el que también figurarían sus filiales Formación 2020 y Localmur, del que supuestamente se ha servido el sindicato para obtener financiación de manera irregular y«quedarse con las ayudas».

En la querella se insta también a que se ordene una auditoría tanto de Formación 2020 como de Localmur, de los cursos de formación realizados en los últimos cinco años a través del IFES, así como de las empresas contratadas para impartirlos,«para ver la solvencia», si estaban«dadas de alta en la Seguridad Social» y comprobar el número de trabajadores. Para Manos Limpias, las empresas denunciadas «son oficinas de contratación de correligionarios del sindicato y del Partido Socialista». Y es que algunas empresas, denuncia, «jamás han estado dadas de alta en la Seguridad Social, aunque han recibido varios millones para dar clases sin personal cualificado o con un solo auxiliar administrativo».

Entre las diligencias de prueba solicitadas figuran, además, un expediente de fiscalización de los gastos de las subvenciones públicas recibidas para este fin; un expediente de reclamación económica que habría tramitado el Gobierno de Baleares; la investigación del patrimonio de los denunciados (el secretario general de UGT, CándidoMéndez, y el tesorero del sindicato, AntonioRetamino, además de los responsables del IFES y de las dos empresas filiales citadas), y que se aporten al procedimiento las sentencias condenatorias existentes por fraude en los cursos de formación.Por último, Manos Limpias pretende que se elabore una relación exhaustiva de las empresas y trabajadores contratados para esos cursos y que se conozca también la relación de personal delIFES, Localmu y Formación 2020.

En la querella, el sindicato denunciante atribuye a Méndez,Retamino y el resto de querellados la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos y apropiación indebida por la gestión supuestamente irregular de ayudas públicas que cifra en 2.000 millones de euros.

El juezSantiago Pedraz decidirá si investiga los hechos una vez se pronuncie la Fiscalía sobre la existencia o no de indicios delictivos y en relación a la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa (dado que las presuntas irregularidades se habrían cometido en once comunidades autónomas).