La Audiencia rechaza enviar al Congreso informes sobre Gürtel

Cree que la presunción de inocencia de los investigados se vería afectada.

La Audiencia Nacional rechazó ayer una solicitud de la comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la presunta financiación ilegal del PP en la que pedía que se le remitiesen informes policiales que obran en la causa del «caso Gürtel», de los «papeles de Bárcenas» y en los procedimientos por actividades de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. La decisión la tomó (por cuatro votos a favor y uno en contra) la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha sido la encargada de juzgar la primera época de Gürtel (1999-2005) y tiene pendiente el enjuiciamiento de la causa sobre la caja B del PP. Lo único que enviará a la comisión serán los autos judiciales, no los informes policiales.

Los magistrados que han suscrito el acuerdo –María José Rodríguez Duplá, Ángel Hurtado, Julio de Diego y Juan Pablo González– apuntaron para explicar su negativa el carácter reservado de las diligencias sumariales hasta la apertura de juicio oral» y que solo las partes personadas tienen acceso a estos documentos, informa Efe. «En ningún caso cabe confundir las nociones publicidad y difusión, ni al socaire de la publicidad predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos del proceso», advirtió la Sala.

La decisión contó, sin embargo, con el voto particular discrepante del magistrado José Ricardo de Prada, que considera que no existe «ninguna razón jurídica válida que ampare la negativa» y sostiene que la remisión de la documentación requerida no implica «la difusión o divulgación indiscriminada de ésta». El magistrado resalta la «labor paralela y complementaria» de las comisiones de investigación, «que se limitan a depurar responsabilidades políticas», cuyos dictámenes –recuerda– no son vinculantes en los tribunales.

Por ello, el juez apela a la «lealtad interinstitucional» y señala que, a partir de la apertura del juicio oral, las actuaciones son públicas, «por lo que no existe ninguna razón» de que éstas queden fuera de una comisión «que legítimamente lo solicite».

Sobre la supuesta financiación irregular del PP habló ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien apuntó que la decisión de modificar la composición del tribunal que estaba previsto que juzgara el caso de la presunta caja «B» la ha tomado la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, un órgano «que no ha elegido el ministro ni el Gobierno del PP».