La «Chica R» de los ERE

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relataron en el atestado número 163/2013, ya elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que se encarga del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que en los registros llevados a cabo el 20 de marzo en los diferentes domicilios vinculados al imputado Juan Lanzas, «se intervinieron varios efectos que quedaron en poder de esta unidad para ser analizados». Entre los objetos y la documentación hallada en el interior del domicilio ubicado en una avenida de Jaén, los investigadores encontraron cuatro organigramas/diagramas en tamaño DIN-A3 relacionados con el ex sindicalista, en prisión desde el mismo marzo.

En uno denominado «Principal Historia Mercantil y Laboral Sociedades» se muestra lo que, según los agentes, «parece ser una parte de las relaciones comerciales entre distintas personas jurídicas y algunas de las mercantiles del entramado empresarial utilizado por Juan Lanzas a lo largo del tiempo para canalizar las ganancias» que obtenía «de su labor como "conseguidor"».

El esquema está organizado en cuatro columnas. En una de ellas bajo el epígrafe de «Laboral» se hace referencia a tres personas: los ex concejales del PSOE Carmelo Gómez Domínguez y José Antonio García González, quienes, según la UCO, «habrían percibido retribuciones» de las empresas del ex sindicalista como trabajadores por cuenta ajena, y una misteriosa «Chica R». Esta última para la Guardia Civil «podría hacer referencia a María del Carmen Rodríguez Borrego, persona que, según el gráfico, está conectada a las mercantiles Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur». De ellas habría percibido, a la luz de lo reflejado en el atestado del Instituto Armado, 23.850,13 euros: «19.084,72 en 2008 y 2009, y 4.765,41 en 2007 y 2008, respectivamente».

LA RAZÓN ha podido saber que quien está detrás de la etiqueta «Chica R» es la nuera del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que vive en Camas, localidad de la que el ex alto cargo fue alcalde.

La Guardia Civil ha establecido que la «Chica R» está incluida en el entramado societario «directamente vinculado a Lanzas a través de su cuñado Ismael José Sierra García, quien figuraría como administrador de derecho de éstas –Maginae Solutions, Al Andalus Mass Media Channel SL, Círculo Empresarial Innovación y Desarrollo Sostenible SL y Consulting Social Siemur SL–». Según fuentes consultadas por este periódico, «fue Ismael el que entrevistó» a Rodríguez Borrego y la fichó, «a priori», en 2007, para «el reparto de publicidad relacionada con un programa informático para empresas». Preguntado el ex delegado sevillano de Empleo por esta cuestión, asegura que «no intervino para nada en esa contratación». Admite conocer que su nuera «trabajó algo más de dos años en una empresa por unos 700 euros al mes», cantidad de la que «tenía que descontar los desplazamientos», dado que su actividad conllevaba la visita a empresas de polígonos industriales, pero sostiene que en 2007 «nadie sabía nada de los ERE ni de esas sociedades de Lanzas».

«Ella ha hecho un trabajo, como cualquier otra persona, que nada tiene que ver con la Consejería de Empleo ni estaba en ninguna Administración», desliza.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, imputó al ex alto cargo en el «caso ERE» el 20 de enero de 2011. ¿Los motivos? La Guardia Civil lo calificó en otro de sus atestados como «el primer eslabón de una cadena» que acababa con la inclusión de «intrusos» –prejubilados que no trabajaron nunca en las empresas beneficiadas con fondos públicos– y la propia Alaya, en un auto dictado el 7 de marzo, determinó que el ex delegado de Empleo «se constituye en el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica». Su imputación fue luego ratificada por la Audiencia sevillana.

Rivas rechaza esas acusaciones. Si bien, entre los «intrusos» que se han colado en los ERE constan en el sumario dos concuñados suyos –uno en el expediente de Surcolor, otro en el de Intesur– y vecinos de Camas ligados al PSOE, partido del que había sido secretario general en ese municipio. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó su condena por el soborno del «caso Mercasevilla» y se le impusieron 600.000 euros de multa. Los ERE no son ajenos a Mercasevilla. De hecho, la lonja presentó dos, uno en 2003 y otro en 2007, ambos financiados por el «fondo de reptiles» de la Junta y con la mediación de Lanzas.