La construcción de un Estado idílico sobre un desierto financiero

El proceso soberanista en Cataluña sigue en marcha sin que nadie acierte a clarificar hasta qué punto es viable la independencia en términos económicos. Los promotores de la secesión argumentan que Cataluña no debería tener problemas para transformarse en la «Holanda del sur» y por eso se han puesto manos a la obra para edificar las estructuras del Estado para que, por ejemplo, su Agencia Tributaria recaude todos los tributos soportados en Cataluña en el primer semestre de 2014 . Los augurios de los soberanistas son sensacionales, ya que los pensionistas tendrían una paga mayor, el PIB per cápita crecería y el paro disminuiría. Un negocio redondo. Para alcanzar este horizonte tan (aparentemente) deseable, el Govern de Artur Mas es consciente de que necesita compañía en este viaje y por eso está contribuyendo a financiar con suculentas ayudas a todas las entidades que integran el pacto por el derecho a decidir. Desde 2011, la Generalitat ha concedido más de 64 millones de euros en ayudas a estas entidades (asociaciones culturales, empresariales y sindicales), según ha podido contabilizar el PP. El Gobierno de Mas combina esta distribución de subvenciones a los simpatizantes del derecho a decidir con una decidida acción exterior a la que destina 26,9 millones de euros. Con ellos trata de internacionalizar el proceso soberanista y buscar aliados por el mundo, de momento sin apenas éxito. Pero llegada la independencia, ¿qué situación se encontraría Cataluña? Para comenzar debería afrontar su propia deuda, que a finales de 2013 superará los 56.000 millones de euros, según los cálculos de la propia Generalitat. A esta cifra habría que sumarle la parte que le corresponde de la deuda española, aproximadamente unos 150.000 millones (el 16 por ciento del total nacional). Y todo ello con la enorme incógnita de cómo acceder a los mercados de crédito si Cataluña queda fuera del paraguas de la Unión Europea y, por tanto, del Banco Central Europeo y de la liquidez que éste facilita. La Cataluña de hoy en día no puede presumir de una situación económica precisamente boyante, ya que arrastra 873.000 desempleados (una tasa del 24 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa) y tendría que atender la paga de 1.634.443 pensionistas. Si bien es cierto que Cataluña debería recuperar su parte proporcional en la contribución a la caja de la Seguridad Social, también lo es que hoy los afiliados al sistema no llegan a los tres millones. Todos estos datos no hacen más que confirmar la lejanía entre Cataluña y Holanda. El PIB holandés en 2012 fregó los 600.000 millones de euros (35.800 euros per cápita), mientras que el catalán se situó en 207.000 millones (27.682 euros per cápita). La comparativa con el paro es aún más demoledora, ya que en Holanda se sitúa en el 7 por ciento.