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La CUP exige a JxSí una renta mínima y la liberalización de peajes

Los diputados de la CUP, Antonio Baños y Anna Gabriel (d), durante el segundo debate de investidura en el Parlament de Cataluña
Los diputados de la CUP, Antonio Baños y Anna Gabriel (d), durante el segundo debate de investidura en el Parlament de Cataluñalarazon

Tras el segundo fracaso de Artur Mas para ser investido presidente de la Generalitat, la CUP hizo públicas lo que han denominado como las «bases mínimas» para poder cerrar un acuerdo con Junts pel Sí (JxS) que permita desbloquear la investidura del nuevo presidente catalán. Un documento titulado "I ara què? Fil a l'agulla"(¿Y ahora qué? Manos a la obra), que contiene nada menos que 50 pa´ginas.

Los independentistas han realizado un informe en el que se detallan sus condiciones. Y lo dividen en tres ámbitos: "Ruptura democrática"a través de una hoja de ruta hacia la independencia; "plan de choque de emergencia y urgencia social"y "proceso constituyente popular y no elitista".

En lo que a la declaración de inicio del proceso hacia la independencia se refiere, la formación soberanista considera que la resolución aprobada por el Parlament el pasado lunes, y que ha sido impugnada por el Tribunal Constitucional, es el "punto de partida hacia la república"catalana.

El plan de choque social incluye 39 medidas con el objetivo de lograr una "mejora de las condiciones de vida", como por ejemplo 240.000 becas comedor, suprimir los conciertos de los colegios "de élite", la gratuidad del transporte público para desempleados, y la paralización de 14 procesos de "privatización"de hospitales, escuelas, patrimonio público, servicio de agua y otros ámbitos., así como el establecimiento de una renta mínima.

También propone a la Generalitat liberar algunos peajes de autopistas, renunciar al complejo de ocio Barcelona World, recuperar la expropiación temporal de pisos con fines sociales

Finalmente, en el bloque del proceso constituyente, la CUP plantea que los ciudadanos puedan participar directamente en la redacción de una Constitución catalana y exige "voluntad política"para combatir la corrupción.