La Defensora del Pueblo: «El Estado del Bienestar en España no se ha desmantelado»

Soledad Becerril considera que el Estado de Bienestar en España «ha alcanzado un nivel muy alto» y que no se puede hablar del desmantelamiento «porque no es verdad».

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, asegura que el Estado del Bienestar en España "es bueno"y ha alcanzado "un nivel muy alto"que se mantiene aún en la actualidad, en tiempos de recortes y de crisis económica. "No se puede decir que el Estado de Bienestar se haya desmantelado", asegura.

En una entrevista con Europa Press, ha defendido que Estado de Bienestar "significa que si una persona se cae por las escaleras, en doce minutos tiene una ambulancia y un hospital". "Son nuestros centros de atención, donde llevas a tu nieto a cualquier hora del día, o las urgencias en los grandes hospitales, que atienden a cualquier hora del día o de la noche", plantea.

Becerril incide en que "son muy pocos"los países del entorno de España que gozan de los mismos servicios y apunta que si bien la institución "suscribe"los informes que revelan las tasas de pobreza en España elaborados por entidades como Cáritas, "en términos generales el Estado del Bienestar es admirable y se ha sostenido y alcanzado con el esfuerzo de todos los españoles".

"No podemos hablar del desmantelamiento porque no es verdad, lo que sí ha habido es una reducción en algunas prestaciones o una disminución, pero no nos podemos quejar de nuestro Estado de Bienestar que es un logro de todos los españoles", apunta.

La institución se encuentra rematando el informe anual con la recopilación de las quejas recibidas y las actuaciones emprendidas durante 2014. Según adelanta la Defensora del Pueblo, el volumen de reclamaciones planteadas por los ciudadanos ha sido similar al del año anterior, cuando se recogieron 22.692 escritos, aunque la temática ha variado.

En este sentido, señala que el mayor número sigue correspondiendo a los asuntos relativos a Economía y Hacienda, aunque este año se ha producido "un descenso moderado"en las reclamaciones sobre desahucios, se ha mantenido más o menos estable las de afectados por las preferentes y se han incrementado notablemente las relacionadas con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

"Las corporaciones locales tienen que ser muy cuidadosas a la hora de revisar los IBI y subirlos. Es un impuesto que preocupa mucho a los vecinos, en ocasiones les preocupa más que el IRPF. Se sienten muy afectados por los impuestos de bienes inmuebles. Creo que los alcaldes deben ser muy sensibles a esta cuestión", ha señalado.

Sobre los preferentistas, recuerda que hay "cientos de miles de personas"afectadas e incide en que "todavía son muchas las que no han podido llegar a un acuerdo con la entidad bancaria y o han iniciado la vía judicial o están pensando hacerlo". "Creo que las entidades bancarias que no han obtenido un resultado positivo suficiente de acuerdo con clientes deberían intentar un segundo arbitraje", afirma.

En el área de servicios sociales, Becerril llama la atención sobre una cifra muy elevada de quejas de personas con discapacidad que encuentran problemas de accesibilidad en sus edificios, lo que les acarrea en muchos casos un aislamiento, al ser materialmente imposible que salgan de su propio edificio de residencia, una queja "muy razonada y muy fundamentada"que se repite en el ejercicio 2014.

"El parque de viviendas antiguo no está adaptado para personas con discapacidad y hay un esfuerzo de corporaciones locales y del ministerio y creo que también de las comunidades autónomas para ayudar con ascensores, eliminación de escaleras y demás, pero es una queja muy grande porque o no llegan esas ayudas o no alcanzan la cuantía necesaria", expone la Defensora del Pueblo.

Becerril incide en que siendo "algo tan primario"y "tan básico", no se hayan producido más avances. "Parece mentira que en una sociedad tan avanzada en tantos campos tecnológicos y científicos, porque hay un avance enorme, nos cueste sin embargo mucho arreglar un asunto que es muy primario, que es poder tener ascensores o rampas. Ahí tenemos mucho que hacer, y muchas quejas", apunta.

La Defensora dice que desde la institución, se han emprendido "todas las reivindicaciones y sugerencias posibles"y espera por tanto que "en un tiempo razonable esta cuestión esté, si no solucionada, en vías de satisfacción porque se trata de algo fundamental". No obstante, recuerda que salvo honrosas excepciones, "las ciudades no están adaptadas tampoco".

Aunque la cifra de quejas se ha mantenido más o menos estable, durante 2014 la Alta Institución ha emitido un 53% más de recomendaciones que en el año precedente, peticiones dirigidas a distintos organismos, ministerios e instituciones, que, según Becerril, "en más del 70% son aceptadas y bien recibidas".

"No nos podemos quejar, en general, de las respuestas de las administraciones. Se corrigen errores o se toman medidas desde modificar un precepto de una ley a un reglamento. Se nos escucha y en general, se atiende la opinión de esta institución", afirma.

No obstante, la Defensora del Pueblo echa de menos, en general, un poco más de transparencia. "Estamos en la época de la transparencia para las administraciones públicas y eso está muy bien, pero también debería haberla para organismos, entidades y empresas que suministran servicios. Que fueran transparentes en relación a lo que ofertan y a cómo lo ofertan y a sus resultados para todo el que se acerque a ellas a establecer una relación comercial", plantea.