El fraude de los cursos salpica a Extremadura

Anticorrupción denuncia a patronal, UGT y CC OO por el supuesto cobro fraudulento de 2,4 millones en subvenciones, reclama que declaren como investigados sus secretarios generales en la región y pide el embargo cautelar de sus bienes

La sombra del fraude de los cursos de formación se extiende también a Extremadura. Tras un año de investigación, la Fiscalía Anticorrupción denunció ayer en los Juzgados de Badajoz a la patronal extremeña, CREEX, y a UGT y Comisiones Obreras en Extremadura por haber cobrado, supuestamente de forma fraudulenta, 2,4 millones de euros en subvenciones de 2011 para planes formativos a trabajadores en activo. La Fiscalía pide que declaren como imputados los responsables de la Confederación Regional Empresarial Extremeña y sus filiales en Badajoz, Cáceres y Plasencia, así como cinco dirigentes de UGT y seis de CC OO (entre ellos, sus secretarios generales en la comunidad autónoma) y los responsables legales de ambos sindicatos en la región y de dos fundaciones vinculadas a ambas centrales: IFES Extremadura y Forem Extremadura.

En su denuncia –a la que ha tenido acceso LA RAZÓN–, Anticorrupción reclama también al juez que finalmente asuma la investigación que acuerde el embargo cautelar de los bienes necesarios de las entidades investigadas para «garantizar posibles responsabilidades civiles», así como que se proceda «a la retención cautelar» de las cantidades aún no entregadas a la patronal, UGT y CC OO (un 25% del montante final) en pago por los cursos bajo sospecha, sobre los que ya alertó en marzo del año pasado el ex presidente de Extremadura José Antonio Monago. El Ministerio Público también ha instado ya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar su investigación a las ayudas públicas aprobadas en 2012 para los cursos de formación.

Tras un exhaustivo trabajo de la Agencia Tributaria, la propia UCO y la Intervención General de la Junta de Extremadura –plasmado en más de 10.000 folios de documentos–, Anticorrupción advierte la existencia de «indicios relevantes» de la posible comisión de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental continuada. En todos los casos, las irregularidades se centran en sobrecostes en las retribuciones a los docentes de los cursos, en los alquileres de los locales y el material didáctico y en las subcontratas a empresas afines, así como en utilizar parte de las subvenciones para pagar a sindicalistas ajenos a esas tareas formativas e intentar justificar supuestos gastos sin factura alguna. A los investigadores les han llamado la atención algunos conceptos retributivos, como el destinado a las horas de tutoría con los alumnos, que en algunos casos superan «ilógica y sobradamente las horas de docencia de la acción formativa» (259 horas de tutoría frente a las 180 del curso, por ejemplo).

El mayor montante de las subvenciones cuestionadas (1,7 millones del total de 3,1 percibidos en virtud del plan formativo de 2011) corresponden a cursos impartidos por la patronal extremeña. Otros 400.133 los recibió UGT y, finalmente, la Fiscalía investiga 311.897 cobrados por CC OO de forma supuestamente irregular.

Diseño de escaparates, cortador de jamón, cata de vinos, bienestar animal para transportistas de ganado, control y prevención del estrés, conexión y navegación por internet y preparación de aperitivos son algunas de las materias impartidas en esos cursos.

En cuanto a la patronal extremeña, al diferencia entre lo que justificó documentalmente haber pagado a los docentes y lo que éstos recibieron realmente asciende a 1.473.361 euros, un desfase que en el caso de los alquileres suma 77.776 euros.

UGT dejó en manos de IFES, una fundación creada por el sindicato, la ejecución de casi el 70% de sus 69 cursos. Pero Anticorrupción advierte de que el sindicato usó 65.082 euros para «financiar gastos de personal de la estructura de UGT-Extremadura» (en particular, «organizadores sindicales» ajenos a los cursos).

CC OO, que como UGT percibió 1,8 millones, impartió 97 cursos y, según la Fiscalía, incrementó «artificiosamente» las nóminas de los docentes y usó parte de la subvención en financiar gastos de personal, incurriendo, además, en «sobrecostes no justificados».