Los CDR de Torra aprietan: iban a atacar un cuartel con explosivos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos a los nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos hoy por la Guardia Civil

El independentismo catalán de carácter violento estaba a punto de dar un salto cualitativo mediante la dinamización de células encargadas de cometer actos violentos. La Guardia Civil lo ha evitado. Precisamente, un cuartel de la Benemérita, del que tenían su localización, y un manual para fabricar goma-2, evidencian que esa radicalización estaba en marcha y se iba a concretar en las próximas semanas.

Los nueve individuos, vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), detenidos ayer por la Guardia Civil, tenían en preparación diversas acciones criminales en el periodo que media entre el aniversario del referéndum del 1-O y la fecha en la que se dé a conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos independentistas, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Tenían en su poder elementos precursores susceptibles de ser utilizados para fabricar artefactos explosivos (como la goma-2), aunque no habían llegado a materializar ninguno.

De no haber intervenido la Benemérita, bajo el mandato de la Audiencia Nacional, el peligro para personas e instituciones se podría haber consumado en ataques inminentes con resultados imprevisibles pero graves, en cualquier caso.

Los arrestados se hallaban, por lo tanto, en fase de preparación de las acciones criminales y sus objetivos, según las citadas fuentes, eran los tradicionales de los CDR: políticos de partidos no independentistas; edificios oficiales; instalaciones de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y vías de comunicación.

La operación es fruto de las pesquisas que durante bastante tiempo ha desarrollado el Servicio de Información (SIGC) a raíz de diversos actos delictivos cometidos por los CDR en fechas concretas en las que fueron convocadas «jornadas de lucha»: cortes de carretera y de vías férreas; lanzamiento de objetos incendiarios; escraches, etcétera, así como en intimidaciones contra instituciones y personas contrarias al independentismo.

Los nueve detenidos habían dado ya los primeros pasos para preparar esas acciones con motivo del citado aniversario y de publicación de la sentencia, según se deduce de lo hallado en los registros efectuados, un total de 10 en la provincia de Barcelona. Se trataba de localizar, y en su caso incautar, pruebas que evidencien el grado de preparación de dichas acciones violentas. De hecho, se ha encontrado abundante documentación, material informático para su estudio y análisis.

La investigación judicial dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se encuentra bajo secreto de sumario y la operación sigue abierta, no descartándose la práctica de nuevas detenciones en las próximas horas. Asimismo, se investiga si alguno de los detenidos se había integrado en los Grupos Autónomos de Acciones Rápidas (GAAR), una especie de «brazo operativo» de los CDR, que fueron los encargados de materializar las acciones conducentes a «paralizar Cataluña» en determinadas fechas, mediante el corte de carreteras y vías férreas.

Estos grupos disponen de manuales similares a algunos de los que utilizaba la «kale borroka» (terrorismo callejero) de ETA, para preparar previamente los ataques, eludir la acciones de las Fuerzas de Seguridad y, si son detenidos, llamar a los gabinetes de abogados que estarán preparados para asesorarles desde el primer momento. De momento, la primera respuesta de los CDR tras la operación de la Guardia Civil ha sido la de anunciar que ha «empezado la revuelta».

«Avanzada» preparación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos a los nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República detenidos por formar parte supuestamente de lo que el Ministerio Público califica de «grupo terrorista de índole secesionista catalán».

En un comunicado, el teniente fiscal del citado tribunal, Miguel Ángel Carballo, sostiene que los arrestos se han precipitado ante la «certeza» de que iban a actuar, presumiblemente sirviéndose de artefactos explosivos, «aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O de 2017 y el anuncio de la sentencia del juicio del procés». De ahí que, explica el representante del Ministerio Público, se haya ordenado su detención para «abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos». El fiscal Carballo mantiene que esas presuntas actividades delictivas estaban «planificadas y ejecutadas» por los detenidos.

En los diez registros practicados en busca de pruebas del «avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines secesionistas», los agentes se incautaron de «abundante documentación y material informático». Asimismo, localizaron «material y sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos susceptibles,a la espera de confirmación por los especialistas –matiza la Fiscalía– de ser empleadas en la fabricación de artefactos explosivos y de ser utilizadas contra objetivos seleccionados» por los militantes de los CDR.

Fuentes del Ministerio Público aseguran que los artefactos explosivos estaban «en fase de fabricación» y que «parece claro» que las intenciones de los detenidos era llevar a cabo alguna actuación de carácter violento.

Dos de losdetenidos quedaron en libertad horas después de que fueran arrestados y los otros siete viajaban anoche a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional.

Mientras, unas 4.000 personas, según fuentes municipales, se concentraron en la plaza Sant Roc de Sabadell en señal de protesta.

No es la primera vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene en el punto de mira a los CDR. En abril de 2018 equiparó los sabotajes en peajes de autopistas y los cortes de carretera protagonizados por los CDR en Semana Santa con la «kale borroka» de las organizaciones satélite de ETA. Igual que ahora, la Fiscalía vio indicios de delitos de terrorismo y rebelión. Esgrimió entonces el artículo 573 del Código Penal, que considera delitos de terrorismo –sin necesidad de que sus autores se integren en una banda terrorista– cualquier delito grave contra la integridad física que busque subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones o alterar gravemente la paz social.

Para la acusación pública se trataba de «actos de rebeldía encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán». Sin embargo, el juez Diego de Egea limitó la imputación contra Tamara C. G., que fue detenida en Viladecans (Barcelona), y un segundo arrestado que se dio a la fuga a un delito de desórdenes públicos, por lo que remitió las diligencias a los juzgados de instrucción catalanes. La Fiscalía, que había pedido el ingreso en prisión, recurrió, pero la Sala de lo Penal respaldó al magistrado.