Lucha contra ETA

La Fiscalía pide 56 años de cárcel para los etarras que asesinaron al catedrático Broseta

Fotografía facilitada por la Policía Nacional del presunto etarra Juan Jesús Narváez Goñi, alias Pajas, a su llegada a Madrid tras detenido en México
Fotografía facilitada por la Policía Nacional del presunto etarra Juan Jesús Narváez Goñi, alias Pajas, a su llegada a Madrid tras detenido en Méxicolarazon

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 56 años de cárcel para los etarras Juan Jesús Narváez Goñi, “Pajas”, e Itziar Alberdi Uranga, “María”, detenidos en febrero en México, como presuntos autores materiales del asesinato de un disparo en la cabeza del catedrático Manuel Broseta, en 1992 en Valencia.

En su escrito de acusación, remitido a la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el próximo enjuiciamiento de los dos etarras, la Fiscalía recuerda que ambos integraban el comando Ekaitz de ETA cuando “decidieron ejecutar las órdenes recibidas” de asesinar a Broseta “cuando el catedrático saliera de impartir sus clases en la facultad” de Derecho.

Narváez y Alberdi, que son pareja y tienen dos hijos de 17 y 19 años, tras permanecer 22 años en paradero desconocido, fueron detenidos el pasado febrero en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, por formar parte del “comando de liberados Ekaitz”, que cometió 18 asesinatos en un año, por lo que eran considerados los miembros de ETA reclamados por la justicia con mayor número de delitos.

Para cometer este atentado, según el relato del fiscal, los dos terroristas sustrajeron un vehículo para desplazarse a la zona universitaria de Valencia y tras sustituirle las placas de matrícula por otras falsas introdujeron un artefacto explosivo compuesto por un sistema de iniciación eléctrico y temporizador, y como explosivo, amosal y dinamita de alta potencia.

Según el fiscal, lo que pretendían con ese artefacto era matar a los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado que manipulasen el vehículo tras el atentado.

Una vez hechos los preparativos, el 15 de enero de 1992, Narváez Goñi y Alberdi se trasladaron en el coche robado, un Volkswagen Polo, hasta las proximidades de la facultad y tras bajarse del vehículo se dirigieron a los jardines del centro para esperar la aparición del catedrático de Derecho Mercantil y miembro del Consejo de Estado, entre otros cargos.

Finalmente, sobre las 10.20 horas, observaron la presencia de Broseta en las inmediaciones y se acercaron a él por la espalda “con cautela para evitar que éste pudiera apercibirse del ataque y utilizar algún tipo de defensa” y acto seguido le dispararon “a escasos centímetros de la cabeza, penetrándole la bala en la región occipital con orificio de entrada y salida”, heridas que le produjeron la muerte en el instante.

Tras el asesinato, los dos se subieron al automóvil en el que se habían desplazado para después dejar abandonado el coche en el cruce de la Avenida de Aragón con la calle Amadeo de Saboya y activando la carga explosiva.

El vehículo fue localizado a las 12.15 horas y cuando los TEDAX lo inspeccionaron, el artefacto hizo explosión a las 13.05, hirió gravemente en uno de sus brazos al policía José Vicente Martos y causó daños materiales a los vehículos e inmuebles colindantes.

El atentado fue reivindicado por ETA en el diario Egin, el 3 de febrero de 1992.

En 2003, la Audiencia Nacional condenó a 30 años de cárcel a los ex dirigentes etarras Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”, y José Luis Álvarez Santacristina, “Txelis”, y a 28 años al que fuera líder del “comando Ekaitz” José Luis Urrusolo como autores por inducción de este asesinato.

“Txelis, de acuerdo con Múgica”, era el encargado de la selección de objetivos y en la lista de futuras víctimas, intervenida en 1992 a raíz de la desarticulación de la cúpula etarra en Bidart (Francia), figuraba Broseta junto a su cargo de “secretario de Estado para las autonomías”.

Los dos dirigentes etarras, según establece la sentencia, decidieron acabar con su vida “al considerarlo objetivo primordial por su gran relevancia” como “miembro del Consejo de Estado español, responsable de la Ley de armonía de las autonomías y miembro del Consejo de Administración de numerosos bancos españoles”.