La Fiscalía pide en apelación diez años para los etarras «Peru» y «Xarla»

La Fiscalía francesa solicitó hoy en apelación 10 años para los etarras Mikel Oroz, "Peru", y Alejandro Zobarán, "Xarla", como principales responsables de un comando de la logística militar en el que estaban también Iban Saez de Jáuregi y Urko Labaka, contra quienes se pidieron nueve y ocho años. Se trata de la misma pena solicitada en primera instancia, y que, en su condena de noviembre de 2014, un tribunal redujo a ocho años para los dos primeros, a siete para Saez de Jáuregi y a seis para Labaka.

La Fiscalía requirió también que al término de sus penas sean expulsados de Francia de forma definitiva los cuatro, arrestados el 10 de marzo de 2011 en una casa rural que habían alquilado cerca de la localidad francesa de Willencourt, junto a la frontera belga.

En la sesión, celebrada en el Tribunal de Apelación de París y que quedó vista para sentencia para el próximo 3 de diciembre, la representante del Ministerio Público insistió en que, dentro de la jerarquía etarra, Oroz y Zobarán pueden ser considerados dirigentes militares.

A los cuatro se les atribuyen entre 16 y 32 cargos, que incluyen asociación de malhechores con el objetivo de cometer actos terroristas, robo de vehículos o tenencia de documentos y matrículas falsas y de armas, municiones y material para fabricar explosivos.

Saez no acudió a la vista, pero los otros tres acusados rechazaron contestar a las preguntas del juez y solo se pronunciaron para reivindicar su pertenencia a ETA y tachar de excesiva la pena recibida.

La Fiscalía subrayó que, "pronuncien una palabra o diez, su culpabilidad está demostrada por pruebas científicas"y por otros elementos, como el testimonio del también etarra Faustino Marcos Álvarez.

Este fue detenido el 15 de febrero de 2010 cuando entraba desde Francia en España en tren con cerca de 6.000 euros para organizar un laboratorio de fabricación de explosivos en Cataluña, y fue condenado por ello a 12 años de cárcel.

La Fiscalía subrayó que la condena debe ser coherente con su respectivo rol dentro de la organización, y calificó de "idea totalmente virtual"el anuncio de ETA de cese definitivo de la actividad armada efectuado el 20 de octubre de 2011, precedido en enero de ese año por una declaración de alto el fuego.

La abogada de los cuatro etarras, Clara Rouget, aseguró por su parte que faltan pruebas para considerar "jefes militares"a Oroz y Zobarán y que esa calificación es "contradictoria"con los elementos del dossier, y requirió que se tenga en cuenta que su arresto tuvo lugar dos meses después de esa primera declaración de alto el fuego.