La Fiscalía pide que se impute a Oriol Pujol por cohecho

La Fiscalía ha pedido al TSJC que impute al diputado de CDC Oriol Pujol y a su esposa por un delito de cohecho, al entender que solicitó 30.000 euros a unos de los empresarios implicados en la trama de las ITV a cambio de que votara a favor de sus intereses.

En una escueta nota de nueve líneas, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona informaba que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impute al ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y actual diputado autonómico Oriol Pujol por un delito de cohecho, «cometido durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Industrial» que regulaba las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Oriol Pujol estaba ya imputado por un delito de tráfico de influencias. La Fiscalía ha pedido también la imputación de la esposa del diputado, Anna Vidal, y de los empresarios Ricard Piugnou y Sergi Alsina, todos ellos por un delito de cohecho.

La decisión del Ministerio Público se produce después del último informe remitido por la Agencia Tributaria al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a mediados del pasado mes de diciembre, del que informó en exclusiva LA RAZÓN. Se trata de averiguar si Oriol Pujol cobró 30.000 euros de los empresarios interesados en la nueva regulación de las ITV, a través de una empresa en la que figura como titular su esposa, para apoyar el nuevo proyecto.

En ese informe se destaca cómo el grupo empresarial liderado por Ricard Puignou, también imputado en este procedimiento, no dudó en acudir a cargos vinculados directamente tanto con el entonces Gobierno autonómico, formado por PSC-ERC e ICV, como con el principal partido de la oposición, CiU. Esas gestiones se iniciaron en 2006, en el mismo momento en que el Ejecutivo tripartito decidió plantar una apertura regulada del mercado para fomentar la competencia, «rompiendo así el monopolio» existente por parte de una empresa.

De acuerdo con ese informe, en el que analizaron los correos electrónicos incautados en los registros efectuados en marzo de 2012, algunas de las gestiones relevantes realizadas por Puignou y sus socios con CiU, para que se tuvieran en cuenta sus «intereses» en la tramitación de la normativa sobre las ITV que se iba a debatir en el Parlament.

Para ello, se valieron de personas que pudieran tener influencia en la mencionada formación política, y, si era necesario, previo pago de esos servicios. «Los sujetos utilizados por Ricard Puignou, cercanos o integrantes de CiU, en ocasiones remunerados, para trasladar sus intereses a sede parlamentario son: Josep Tous Andreu, Oriol Pujol Ferrusola y Sergi Alsina Jiménez». El primero de ellos fue número 2 de la Diputación de Barcelona cuando CiU llegó al poder, el segundo fue secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, y el tercero es un empresario imputado en esta misma causa.

En 2008 hay un cruce de correos electrónicos entre Puignou y sus socios, entre los que hay uno especialmente significativo y que afecta a Oriol Pujol. En concreto, el 12 de octubre de ese año, el mencionado empresario traslada a sus socios el resultado de las conversaciones mantenidas con Tous, explicándoles que CiU ya ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Seguridad Industrial, la que tenía que regular las ITV, y que «en dos semanas entrarán enmiendas concretas... entre ellas, entrará nuestra propuesta de reducción de plazos y cuotas máximas de mercado», según se recoge en el mencionado correo electrónico intervenido.

Además de los contactos iniciados con Tous, de los e-mails intervenidos en los registros se desprende cómo Puignou «también habría contratado a Sergi Alsina Jiménez para tratar de influir en la tramitación parlamentaria, canalizándose dicha influencia, supuestamente, a través de Oriol Pujol Ferrusola».

«¡Piden 30.000!»

En un correo igualmente significativo, Enric Marugán –otro empresario involucrado en la trama de las ITV– que resume en uno de ellos una entrevista entre Oriol Pujol y Ricard Puignou, en el que parece desprenderse que el primero de ellos reclama una determinada cantidad para apoyar la nueva tramitación del proyecto: «Van a presentar enmiendas a la Ley de Seguridad Industrial, exigiendo que se aplique a 90 días la nueva cuota de mercado. (...) Harán campaña mediática y aunque no mandan piden 30.000!! El hombre que entiende y manda es Puigcercós y con él Vendrell, opina (...)» según el mensaje de Enric Marugán analizado por los peritos de Hacienda.

Y es que, para la Agencia tributaria, los empresarios interesados en acceder al mercado de las ITV no ponían obstáculos a sus medios: «Ricard Puignou y sus socios tratarán, bien remunerando a personas con influencia en la Administración Pública catalana o bien directamente a través de sujetos integrantes en los Departamentos claves de al Administración (sector Industria), de lograr sus objetivos».

Con anterioridad, en febrero del pasado año, el fiscal anticorrupción ya solicitó a la jueza que instruía el procedimiento que se inhibiera en favor del TSJ de Cataluña por entender que había indicios de que Oriol Pujol podía haber incurrido en un delito de tráfico de influencias.