La Fiscalía apoya que se reabra la investigación sobre la «caja B»

Pide la imputación de Correa y de García Pozuelo tras sus declaraciones en «Gürtel».

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que reabra la investigación de la supuesta financiación irregular del PP, que concluyó en marzo de 2015 el juez Pablo Ruz, a raíz de los testimonios prestados en el juicio del «caso Gürtel» por Francisco Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo, ex presidente de Constructora Hispánica, respecto al pago de comisiones a cambio de adjudicaciones. El fiscal del caso, Antonio Romeral, respalda así la petición de reapertura instada por dos de las acusaciones populares personadas en el procedimiento, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

Según confirmaron fuentes fiscales, el representante del Ministerio Público pide que declaren como investigados tanto el supuesto líder de la trama corrupta como el empresario «arrepentido», unas diligencias que obligarían a retomar la instrucción de una causa, la de «los papeles de Bárcenas», cuyo juicio estaba previsto celebrar este mismo año. Romeral también considera pertinente la comparecencia ante el juez José de la Mata, sustituto de Ruz al frente del juzgado, del empresario Plácido Vázquez, cuyo nombre salió a la palestra en el juicio de «Gürtel» como supuesto comisionista en adjudicaciones bajo sospecha.

Correa declaró en la vista oral el pasado octubre que, entre 1996 y 2004, pagó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al ex tesorero Luis Bárcenas, algo que éste posteriormente negó, para conseguir adjudicaciones en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. «No sé la cantidad exacta de dinero que he llevado al PP –aseguró el empresario, para quien la Fiscalía pide 125 años de prisión– Yo se lo daba y él era el que repartía. A veces se lo entregaba en Génova y a veces en su casa». El supuesto cabecilla de «Gürtel» se refirió a OHL, Dragados y ACS como algunas de las sociedades que se habrían dirigido a él para conseguir la adjudicación de obras por parte de esos ministerios. «Esto era una práctica habitual en el país», aseguró.

Bárcenas admitió la existencia de una «contabilidad extracontable» en el PP –que él gestionaba junto a su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta–, pero negó que el presunto líder de la trama le pagara mordidas a cambio de que mediara en su favor para conseguir adjudicaciones para sus empresas o sociedades por las que intercedía Correa. «No he recibido absolutamente nada de Francisco Correa ni para mí ni para el Partido Popular», dijo. El ex senador explicó al tribunal que los empresarios hacían aportaciones «a cambio de nada», sólo para «echar una mano al partido». En todo caso, recalcó, sus funciones como gerente no le permitían «tener labores de intermediación con cargos públicos». Al igual que Correa, contó que con la llegada de Rajoy a la dirección del PP se rompió la relación con las empresas de la trama.

Por su parte, García Pozuelo admitió en el juicio haber pagado comisiones a cambio de adjudicaciones, entre otros al ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda –quien según la Fiscalía percibió al menos 668.391 euros de la trama entre 1999 y 2005, a Correa y al ex diputado Jesús Merino.