La Fiscalía revisará la prisión de los líderes del «procés»

El cierre de la instrucción del juez Llarena precipita que la Fiscal General del Estado se posicione.

Después de ocho meses y diez días, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena terminó ayer la complicada, por todas las vicisitudes que rodeaban al procedimiento, instrucción del «procés», donde se investiga todo lo relacionado con la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En total, 25 procesados, de los que siete están fugados –entre ellos el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont– y respecto de los cuales declara su rebeldía y suspende la tramitación de la causa en lo que les afecta hasta que se encuentren a disposición de la Justicia española.

De los 18 procesados a los que afecta el fin de la instrucción, nueve de ellos se encuentran en prisión provisional: el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Con la finalización de la instrucción, Llarena dejará de tener competencia para decidir sobre la situación procesal de todos ellos y, a partir de ahora, será la Sala enjuiciadora la que deberá resolver las futuras peticiones de las defensas de los líderes del proceso independentista, las más importantes las que llegarán reclamando de nuevo la puesta en libertad provisional. Los magistrados que enjuiciarán este procedimiento y resolverán las peticiones que se presenten son: Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal y del tribunal, Antonio del Moral, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Andrés Palomo.

Una vez que toda la competencia ha pasado a la Sala enjuiciadora, es más que previsible que las defensas soliciten de forma inmediata la puesta en libertad de quienes se encuentran en prisión provisional. De hecho, fuentes de las defensas de los políticos encarcelados aseguran que ese paso se dará «en breve».

En esas peticiones, según fuentes jurídicas, se argumentará que no existe riesgo de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la Justicia, ya que la instrucción ha finalizado y todas las diligencias están ya en manos de la Sala. Y, en cuanto al riesgo de fuga, insistirán en que es inexistente y, en todo caso, se puede minimizar mediante la imposición de medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la presentación periódica en el juzgado.

Estas más que previsibles peticiones de libertad constituirán, además, la primera piedra de toque para la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra. No en balde, será la primera decisión de calado de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la causa del «procés» desde que la sustituta de Julián Sánchez Melgar tomó posesión de su cargo al frente del Ministerio Público el pasado día 3. Los fiscales del caso deberán pronunciarse al respecto y plasmar por escrito si apoyan o no la salida de prisión de los líderes del desafío soberanista.

Hasta el momento, la Fiscalía del Supremo se ha opuesto a la libertad provisional de los procesados en prisión invocando el riesgo de fuga y, sobre todo, el peligro de reiteración delictiva. Con una sola excepción: por orden expresa del anterior fiscal general, el Ministerio Público apoyó la puesta en libertad del ex conseller de Interior Joaquim Forn «por razones humanitarias». Entonces, el juez Llarena mantuvo en prisión al ex consejero catalán en contra de la Fiscalía, y tal y como le pidió la acusación popular que ejerce VOX, al hacer hincapié en que persistía el riesgo de reiteración delictiva e, incluso, el peligro de que se dé a la fuga.

Ahora, con una fiscal general del Estado está por ver el criterio que van a seguir. Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas consultadas por este periódico coincidieron en que la finalización de la instrucción «no debe suponer ningún cambio» en la postura que mantenga el Ministerio Público respecto a la que ha sostenido hasta este momento. «No hay nada que justifique ahora un cambio y lo normal es que se siga manteniendo el mismo criterio, es decir, de oposición a la libertad provisional».

De hecho, María José Segarra manifestó el pasado lunes en Santander que «no hay ningún cambio en la posición» de la Fiscalía respecto a los casos abiertos sobre el «procés» catalán, a la vez que expresó su apoyo a todos los fiscales que han venido actuando en estas causas y que, defendió, lo han hecho con «absoluta profesionalidad».

Sin embargo, dada la configuración jerárquica del Ministerio Fiscal, su responsable puede ordenar que se apoye la petición de libertad de todos o algunos encarcelados. Si eso ocurriese, y los fiscales asignados a la causa estuviesen disconformes con la postura de Segarra, podrían «obligar» a que se hiciera constar expresamente ese extremo, para que, posteriormente, se pueda invocar ante la Sala que resolverá las peticiones de libertad.

En relación con todo ello, en la reunión que celebraron el pasado lunes en La Moncloa Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ya se habló de la situación de estos presos y de buscar una «salida» a los que se encuentran encarcelados.